Quién sabe si el candidato presidencial de la coalición PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya Cortés, conozca cuando menos algunos de los antecedentes de la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas. Las promesas hechas en una comunidad de Chiapas, con respecto a que como presidente apostaría al cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, hace pensar que no. Vale la pena repasar este tema que debiera ser sustantivo en esta campaña presidencial pero que, como muchos otros, ha pasado prácticamente desapercibido y ahora que es abordado, se ha planteado con tal vaguedad que hace suponer todo menos que quien lo abordó, no sabe ni entiende de qué habla.
En efecto, desde Las Margaritas —comunidad que en 1994 fue testigo del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)—, Ricardo Anaya, candidato de la coalición ‘Por México al Frente’ reconoció que se le falló a los pueblos indígenas en sus derechos y demandas y que “la paz es mucho más que la ausencia de conflicto porque no puede vivir en paz quien no sabe qué va a comer al día siguiente”.
De acuerdo con un comunicado emitido por el equipo de prensa del candidato presidencial panista, al encabezar una concentración ciudadana en esta región del país, Anaya Cortés cambió el discurso “y se comprometió con los más necesitados del país”. Tras recordar que aquí se dio el levantamiento zapatista, en enero de 1994, el candidato presidencial apuntó:
“Estar hoy aquí en Las Margaritas, en Chiapas, me obliga a recordar que este movimiento hizo que todo México y todo el mundo pusiera sus ojos en Chiapas. Y ese movimiento nos obliga a reconocer que fallamos, que no estuvimos a la altura de los derechos y las demandas de los pueblos indígenas, que no tuvimos la capacidad de ofrecer progreso, de ofrecer desarrollo, de ofrecer bienestar, de ofrecer oportunidades a los pueblos indígenas en todo nuestro país”.’ Se comprometió a hacer realidad los acuerdos de San Andrés, que garantizan progreso y desarrollo, y dijo que cuando sea Presidente los pueblos indígenas serán los primeros.
¿Sabrá Ricardo Anaya de lo que habla? Pues de entrada parece contradictorio y oportunista asegurar que se cumplirán los Acuerdos de San Andrés, cuando el Partido Acción Nacional ha sido uno de los opositores históricos del reconocimiento de la pluriculturalidad en México, a partir de que ellos sostienen que el principio de igualdad entre todos los habitantes del país es el que debe regir tanto en las relaciones entre particulares, como en las relaciones de supra a subordinación que existen entre el Estado y los ciudadanos.
Si bien el principio de igualdad es importante como forma de reconocimiento en las relaciones entre las personas, también lo es que el principio de la pluriculturalidad de la composición social del país, ha sido piedra angular en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Si bien, ese reconocimiento inició constitucionalmente cuando a principios de la década de los noventas, se estableció en el artículo 4 de la Constitución, el segundo párrafo del actual artículo 2 constitucional, lo cierto es que ello fue derivado más de la adecuación constitucional derivada de la firma por parte de México del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, que de la intención del Estado mexicano por reconocer en sí mismos los derechos de los pueblos indígenas mexicanos.
SAN ANDRÉS
En 1994 estalló la guerra en Chiapas, declarada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en contra del gobierno federal que entonces encabezaba el presidente Carlos Salinas de Gortari.
Así iniciaba la Primera Declaración de la Selva Lacandona, mediante la cual el EZLN declaró la guerra: “Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud, en la guerra de Independencia contra España encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al Imperio Francés de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de leyes de Reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin inmortales que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos.”
La guerra y el profundo efecto político que tuvo en el gobierno federal el alzamiento zapatista, derivó en la instauración de los Diálogos de San Andrés, de los que emanaron los llamados Acuerdos de San Andrés, mediante los cuales el gobierno federal se comprometió a modificar la Constitución para reconocer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de México, incluyendo el de la autonomía y la libre determinación. Este compromiso fue incumplido en varias ocasiones durante el gobierno del presidente Zedillo.
Y luego vino Vicente Fox, del PAN, quien como candidato presidencial dijo que el problema de Chiapas podría ser resuelto “en quince minutos”. Esa declaración, desinformada y bravucona, tuvo que ser honrada mediante el envío de una nueva iniciativa de reforma en materia de derechos de los pueblos indígenas, a principios de su gobierno. Nuevamente, la redacción final de la reforma fue rechazada por los pueblos indígenas al no cumplir con las expectativas de ver reflejado el contenido de los Acuerdos de San Andrés.
El punto medular, es que en el nuevo artículo 2 de la Constitución federal, no se reconoció la autonomía plena que exigían los pueblos indígenas, y por ende las libertades y los derechos reconocidos quedaron anclados a los límites generales establecidos por la Constitución. Quienes justificaron la pequeñez de dicha reforma, afirmaron que otorgar plena autonomía a los pueblos indígenas podría ser el parteaguas de un proceso secesionista. Incluso, por eso mismo, el artículo 2, que contiene el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, inicia con una prevención velada sobre la unidad nacional: “La nación mexicana es única e indivisible”.
IGNORANCIA
Ahora bien, ¿sabrá Ricardo Anaya todo este contexto y, sobre todo, estará dispuesto a llevar a los hechos las palabras fáciles que soltó aparentemente sólo para presentarse como un candidato presidencial sensible y aliado de los pueblos indígenas? Sería ideal que lo hiciera. Sin embargo, más bien parece que fue una declaración fácil, para tratar de ganarse la simpatía de ese sector poblacional que ha estado relegado de la discusión nacional y al que nadie ha atendido ni volteado a ver en estas campañas presidenciales.
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