El Congreso de Oaxaca analiza una reforma al Código Penal del Estado para modificar el tipo penal en materia de delitos sexuales, a fin de castigar éstos que violan la libertad sexual de las mujeres.
La iniciativa presentada por la presidenta de la Mesa Directiva de la 65 Legislatura local, Mariana Benítez Tiburcio, propone como eje central la falta de consentimiento y no solamente la existencia de violencia física o moral, como el elemento fundamental para tener por acreditada la violencia sexual.
El cambio contempla que al ejercer la sexualidad, el consentimiento debe ser expresado a través de palabras, acciones o conductas de forma clara e inequívoca, sin que ello pueda deducirse del silencio de la víctima, ni tampoco del comportamiento pasado o presente, así como previo al hecho.
“El consentimiento no puede ser válido si se encuentra viciado con la existencia de violencia física, emocional, económica, coacción, engaño, retención, intimidación o presión que contribuya al sometimiento de la víctima”, explicó la legisladora.
Señaló que de acuerdo con informes de la organización civil Consorcio, la entidad oaxaqueña es uno de los estados donde la violencia contra las mujeres ha tenido un incremento considerable en los últimos años, con una incidencia del 59.4% en la violencia sexual.
Durante 2019 se presentó el mayor número de delitos sexuales con 111 casos, lo que representa un promedio mensual de 9.3 violaciones, mientras que en lo que va de este año 2022, se han reportado 7.8 delitos sexuales por mes.
La violencia contra las mujeres representa un problema de salud pública, extendida, arraigada y tolerada, que requiere la participación de los tres poderes del estado para sancionarla, combatirla y erradicarla, por lo que se pretende reforzar la ley para castigar este delito y garantizar que las mujeres tengan una sexualidad libre, sin violencia y con respeto a su autonomía.
Dicha iniciativa plantea reformas a los artículos 246, 247 y 248 del Código Penal de Oaxaca, y se encuentra en estudio en la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia.
