Este jueves 22 de abril, el Senado analizará y votará la propuesta de reforma a la Ley de Hidrocarburos, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) provocó una oleada de amparos que lograron frenar sus efectos desde el primer recurso interpuesto, pero Deloitte considera que dicha estrategia no funcionará igual con los cambios propuestos a la Ley de Hidrocarburos.
“Probablemente solicitar un amparo en contra de toda la reforma y artículos no sea una estrategia tan efectiva o eficiente”, advirtió la líder de energía y recursos de la firma consultora, Valeria Vaztquez.
Comparada con la LIE, donde los ocho artículos modificados representaban un daño a la competencia, medio ambiente y un ataque directo a las energías renovables, la situación con la Ley de Hidrocarburos es distinta.
“Cada artículo habla de una figura diferente: almacenamiento, mercado ilícito, sesión de derechos y suspensiones (de permisos)”, recordó la analista legal, durante un evento virtual organizado por la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).
El pasado 26 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados un ainciativa para reformar y agregar disposiciones a dicha Ley. El 15 de abril, los diputados la aprobaron y enviaron a la Cámara de Energía del Senado para su estudio.
La iniciativa propone que los aspirantes a un permiso de comercialización, distribución e importación de combustibles cumplan con la capacidad de almacenamiento que la Secretaría de Energía indique y cancelar, incluso revocarlos de forma retroactiva aquellos que no cumplan con el nuevo requisito.
También incluye la figura de “negativa ficta”, es decir, la negación de un permiso mediante una omisión o silencio de la autoridad ante la solicitud.
El poder ejecutivo incluso propuso la suspensión de permisos e intervenir las instalaciones, operación y administración si la empresa permisionaria atenta contra la seguridad nacional, seguridad energética y economía nacional, pero sin definir estos conceptos.
Vázquez aconsejó una evaluación previa con “la cabeza fría” de las acciones legales que sí pueden proceder por impactos de competencia, desde una perspectiva económica como la competencia desleal que inhibe la entrada de nuevos competidores.
Reconoció que “de ninguna manera” la reforma a la Ley de Hidrocarburos es inconstitucional.
“Tiene muchas fallas, pero el Artículo 56 (que habla sobre la revocación de permisos por parte de las autoridades), desde el punto de vista reputacional, no va a ser impugnado de manera masiva”, concluyó.
Este jueves 22 de abril, el Senado analizará y votará la propuesta.
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