El Presidente de México se equivoca en la apreciación de que sí tiene derecho a interpelar a cualquier otro ciudadano —sea o no periodista—, porque el país que gobierna tiene un problema gravísimo, transversal, que radica en la debilidad (¿o inexistencia?) del Estado de Derecho. En un auténtico panorama en el que estuviera garantizada la integridad y la seguridad de todas las personas, el diálogo entre dos entes de poder —un gobernante y un periodista— sí podría ser equitativo incluso en la interpelación. Pero en México estamos lejos de ello.
En efecto, a lo largo de más de 15 días el Presidente se ha mostrado iracundo por la revelación periodística de que su hijo y su nuera habitaron una casona en la ciudad de Houston Texas, en los Estados Unidos, cuyo propietario es un alto ejecutivo de una empresa petrolera para la que ella trabaja, que a su vez es contratista de Petróleos Mexicanos y que durante la actual administración ha recibido millonarias extensiones a los contratos que tiene firmados con la empresa petrolera del Estado mexicano.
Durante todo ese tiempo, ni el Presidente ni su hijo han alcanzado a dar una explicación coherente y clara de por qué no existe conflicto de interés, ni posible tráfico de influencias, en las evidentes conexiones que existen entre la familia del hijo del Presidente con la empresa petrolera estadounidense; el uso de la casona —que no queda claro aún si fue a título oneroso o gratuito— y los negocios que en ese mismo periodo ha realizado con el gobierno mexicano. Aunque la presunción de inocencia continúa a favor de José Ramón López Beltrán, es claro que de todos modos ese enredo lo sitúa —por lo menos— en lo que dice la conseja popular de no hacer cosas buenas que parecen malas.
El Presidente, sin embargo, optó por una postura aparentemente ultra progresista. Se dijo ajeno al problema —aunque se percibe muy enojado— y prefirió cuestionar el origen de los recursos que según ha percibido el periodista que encabezó la difusión del reportaje que reveló las condiciones en las que vive su hijo en los Estados Unidos. Afirmamos que la postura presidencial fue aparentemente ultra progresista, porque el Primer Mandatario decidió no guardar las acartonadas formas del presidencialismo tradicional mexicano, y optó por increpar al periodista: primero lo insultó y descalificó —como hace cotidianamente con todo aquel que no coincide con sus ideas—, pero después fue más allá al afirmar que Loret es financiado por sus adversarios.
El punto cúspide de este periplo ocurrió el pasado 11 de febrero cuando dijo que “alguien” había dejado “un papelito” en Palacio Nacional con los montos que según percibió Loret en 2021 de las empresas para las que trabaja. Quizá el Presidente quería demostrar que a él no lo asusta un periodista, y que tiene los elementos y las agallas suficientes para también cuestionarlo. Difundir sus ingresos, según la lógica presidencial, revelaría que él es parte de una oligarquía que está intentando hacer todo para desestabilizar el movimiento social que él encabeza. Algo así como que Loret es parte de la clase “fifí” que no quiere que el “pueblo” —ese amasijo amorfo que él encabeza, y que bien puede ser todo o nada— asuma el control de las riquezas y los bienes que debían beneficiar a todos los mexicanos y no sólo a una minoría. Hasta ahí, la lógica presidencial parecía perfecta.
Lo habría sido si en México no hubiera tantos periodistas hostigados, amenazados y asesinados. Y como si México no fuera tierra fértil para los grupos criminales que no quieren a los periodistas y que, en general, no quieren a nadie… y que por eso extorsionan, lesionan, secuestran y matan impunemente a todo aquel que no coincide con sus intereses.
NO HAY ESTADO DE DERECHO
Fue Loret pero pudo haber sido cualquier otro, y el resultado habría sido el mismo. El Presidente exhibió sus supuestos ingresos —porque no tiene forma de asegurar que Loret gana lo que él dice que percibe— y con eso lo puso en la mira de todos aquellos que ven en México tierra fértil para la maña. Al afirmar que gana 35 millones de pesos al año lo convierte en automático en blanco fácil y certero para quienes roban, asaltan, extorsionan, secuestran y matan por dinero. Porque en México cualquier persona con ingresos superiores a la media, es un objetivo permanente de la delincuencia.
Ahí es donde la engañosa postura ultra progresista de AMLO chocó con la realidad. Quizá en cualquier país de primer mundo, donde todos absolutamente tienen garantizado el respeto a su integridad, dos entes representantes de poderes sí pueden increparse públicamente sin poner en riesgo su persona o a sus familias.
Sí, aunque en un país de primer mundo, en donde cada quien entiende su papel y sus límites, aún frente a un posible ejercicio excedido del oficio periodístico, un Presidente no sería el primer promotor de descalificar a un ciudadano a partir de sus ingresos, y menos haber obtenido esos datos, y exhibirlos, utilizando —y abusando— el acceso a información confidencial —como los ingresos y datos fiscales de un ciudadano— que le permite su cargo. Eso, aquí y en todos lados, se llama abuso de poder.
Por eso la decisión de López Obrador de confrontar a la prensa a partir del origen de sus recursos, constituye una peligrosa estratagema que alimenta los peores vicios de nuestra sociedad. Y es que, si el estado de derecho se define como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos; y que asimismo exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal, queda claro que en México eso no se cumple.
Por eso al increpar a un periodista, el Presidente lo pone en riesgo, pues lo coloca en una situación en la que el Ejecutivo federal no sólo deja de ser garante del ejercicio de la libertad de expresión, sino que es uno más del amplio grupo de personas a las que no le gusta que se piense y se publique libremente. Al atacarlos y luego exhibir sus ingresos, el Presidente pone al periodista —a cualquier persona, de hecho— en una doble posición de indefensión, pues por un lado repudia las libertades que le permiten ejercer su oficio, y lo pone como blanco de quienes son capaces de cometer cualquier delito —la delincuencia organizada— con tal de arrebatarle su patrimonio a una persona.
EPITAFIO
Al final no es Loret. Es que AMLO parece que ya no entiende que, en muchos sentidos, México es tierra de nadie.
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