Sin el apoyo de su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, de su secretario de la Defensa Nacional, de su secretario de Marina, de su Fiscal General de la Nación, de su jefe del Centro Nacional de Inteligencia, de su jefe de la Guardia Nacional y del gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez, el presidente López Obrador apareció solitario el lunes 22 para encarar tres días de tuitazos adversos como nunca y se enganchó en un debate público para presidencializar una crisis municipal de seguridad pública.
Y sin un diagnóstico de la situación del crimen organizado en Minatitlán, Veracruz y la costa del Golfo, el presidente de la república no pudo ubicar el caso de la matanza en una fiesta y se comprometió a resolver el problema en un plazo no mayor a seis meses. El lunes 22 todos esperaban la presencia, en la conferencia de prensa, de cuando menos el secretario Alfonso Durazo Montaño para presentar una estrategia de emergencia para esa zona.
La argumentación presidencial del cochinero dejado por el viejo régimen es tan ciertacomo ineficaz. En términos estrictos, la idea de refundar la Secretaría de Seguridad Pública la anunció López Obrador hace más de dos años. Por lo tanto, el equipo designado para reconstruirla tuvo ese tiempo para cuando menos tener un diagnóstico descarnado del problema de la inseguridad y las complicidades con el poder y arribar al 2 de julio con una propuesta concreta.
De ahí que acusar a los anteriores gobernantes del cochinero en seguridad fue un reconocimiento de la imprevisión del equipo lopezobradorista en seguridad pública. Y el asunto se complica más si López Obrador ha sido el líder político con más giras en Minatitlán y el hoy gobernador García Jiménez hizo varias giras a la zona como candidato morenista y el alcalde del municipio es de Morena y ninguno de ellos sospechó de la guerra de bandas criminales. Y de paso, la sociedad minatitleca que hoy se duele de la tragedia nada hizo tampoco para denunciar la penetración de las bandas del crimen organizado en su territorio.
¿Quién o quiénes fallaron en prever una crisis de seguridad en Minatitlán si en los últimos seis meses los ajustes de cuentas entre bandas llevan a masacres masivas? ¿Dónde está el equipo de inteligencia nacional que tenga un mapa de conflictos entre cárteles y estudios prospectivos de la violencia? ¿Quiénes se han quedado dormidos en la Secretaría de Gobernación y no han cumplido con su tarea de tener un panorama político de la seguridad en la república? ¿Qué ha hecho el director del Centro Nacional de Inteligencia que transitó a centro de información criminal antes de ser CNI dentro del área de seguridad pública?
¿Por qué el presidente de la república agotó su análisis culpando a los conservadores de potenciar la crisis de seguridad, por qué volvió a culpar al neoliberalismo y por qué recicló su acusación de complicidades públicas en abstracto con la delincuencia? ¿Por qué la SSPC no le apoyó con un programa inmediato y preciso de revelación de la inseguridad en esa zona del estado con nombres de funcionarios responsables?
La Guardia Nacional no resolverá la crisis de inseguridad en Minatitlán ni en ninguna parte del país; será, eso sí, un factor importante de disuasión pública. Pero la clave del diagnóstico de la inseguridad, la identificación de la nueva estructura de las organizaciones delincuenciales, la previsión de las luchas entre ellas por el dominio de plazas generales o de locales para tráfico de drogas y la identidad de los cómplicespolíticos de los cárteles sólo pueda darse con un cuerpo especial de inteligencia. La aparición personal del presidente el lunes y la politización de la crisis involucrando a los conservadores podría revelar la ausencia de inteligencia política del Estado.
La propuesta presidencial de apoyo social, personal de la Guardia Nacional y acusación contra cómplices políticos de delincuentes es certera, pero no ha ido apoyada de estrategias operativas en las plazas. ¿Quién tiene la información sobre los municipios que están en poder del crimen organizado, comenzando con las autoridades municipales? ¿Qué responsabilidad directa tiene el alcalde morenista de Minatitlán, Nicolás Reyes Álvarez, en la negligencia de tener información de inteligencia sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Tiene información el alcalde de la penetración de los cárteles en su municipio?
La falta de repuestas es más preocupante que la estridencia de los conservadores.
Suecia municipal. Las informaciones de quiebra técnica del ISSSTE y del Seguro Social adelantan la incapacidad del sistema de salud pública para atender a los millones de burócratas que perdieron su seguro de gastos médicos. Con el mismo personal mal pagado y peor tratado, los trabajadores, empleados y funcionarios se burlan del sistema de seguridad a la sueca que prometieron. Un dato: cada médico oficial debe atender de 12 a 14 pacientes, hoy andan entre 22-23 y llegará a 33-35 o más por suspender seguro privado.
Política para dummies: La política es la certeza del diagnóstico, no la confusión de las circunstancias.
