Con el objetivo de eliminar los “candados” en la organización de las consultas populares, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentara una iniciativa para reformar el artículo 35 de la constitución, que regula dichos ejercicios democráticos.
Luego de ser cuestionado respecto a la consulta popular organizada del 25 al 28 de octubre para definir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) el presidente electo afirmó que estos ejercicios se harán con más frecuencia para definir políticas públicas de su administración.
“Que se vayan preparando psicológicamente porque siempre va a haber consulta, cuando lo solicite la gente los ciudadanos incluso se va a reformar el artículo 35 de la constitución para dar muchas facilidades, que no haya candados y cuando los ciudadanos lo pidan se puedan llevar una consulta”, afirmó López Obrador ante los cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación.
El artículo 35 señala que las consultas populares serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión o los ciudadanos, en un número equivalente de 2% de los inscritos en la lista nominal de electores.
También se establece que para que los resultados sean vinculantes se tendrá que registrar al menos 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal y será el Instituto Nacional Electoral quien tenga a su cargo la organización de éstas.
Además las consultas tendrán que llevarse a cabo el mismo día de la jornada electoral federal.
Antes de que se lleven a cabo los cambios anunciados por el presidente electo, se realizará una consulta popular para definir si se realiza o no la obra pública para la construcción del Tren Maya, prevista para diciembre de este año.
Este ejercicio será similar al que se llevó a cabo para definir la continuación o no del NAIM, mismo que requería a los participantes entregar la credencial de elector para que los receptores de las mesas ingresaran la clave de elector a una aplicación con la que contaban sus teléfonos, después entregaban la boleta con la que los participantes emitían su opinión al marcar una de las dos casillas o tacharla por completo, para invalidar su voto, la ingresaban a la urna y se les solicitaba entintar su dedo pulgar.
Aunque este procedimiento se estableció para evitar que un participante duplicara su voto en alguna otra mesa de recepción de las opiniones, se pudo comprobar que no resultaba difícil burlar el sistema.
Diversos expertos señalaron que la consulta popular del NAIM organizada por el equipo de gobierno de transición de Andrés Manuel López Obrador no tuvo ningún sustento legal. Asimismo, en el centro del conflicto, hay moradores que desestiman este instrumento de opinión, calificándolo de contrario al beneficio de la región.
Forbes
