El gobierno de Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gasto de su gobierno en publicidad oficial se reduciría a la mitad de lo que su antecesor gastó cada año durante su gobierno; sin embargo y pese a las buenas “intenciones” del gobierno de izquierda, expertos en el tema consideran que no existe certeza de que en los próximos años se destine menos dinero del erario a los medios de comunicación.
La administración federal repartirá una bolsa de 4,711 millones de pesos a medios de comunicación, que representan 759 millones de pesos más de lo que se autorizó para 2018, el último año de gobierno Enrique Peña Nieto.
La disminución del 50% que el gobierno de AMLO dice haber establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se calculó con base en el gasto total ejercido, toda vez que el gobierno pasado reportó un sobre ejercicio de 5,036 millones de pesos, es decir 127% más de lo autorizado por la Cámara de Diputados para 2018.
Pero 2018 no fue el único año en el que se gastó mucho más en publicidad oficial de lo que se aprobó en los paquetes economicos. Un informe elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, señaló que de 2013 a 2017 se destinaron 36,261 millones de pesos en publicidad oficial y los sobre ejercicios en el presupuesto fueron una constante, toda vez que en promedio se gastó 71.86% más de los montos aprobados.
Los beneficiados
Durante estos cuatro años, los proveedores que más se beneficiaron con dicho gasto fueron Grupo Televisa al recibir 17.07% de lo que se gastó, TV Azteca que obtuvó 9.87%, Estudios Churubusco con 3.34%, la agencia de publicidad Starcom Worldwide al que se le otorgó 3.15%, El Universal con 2.69%, y Grupo Fórmula con 2.69%. En estos seis medios se concentró 38.81%, es decir, 14 mil 073 millones de pesos del total del gasto.
El gobierno de AMLO prometió que el gasto en este rubro será transparente y menos oneroso. El pasado 17 de abril de este año, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social y vocero de gobierno de la República; presentó los lineamientos de política de Comunicación Social del Gobierno de AMLO, entre los que se establece que quedará prohibida el uso de propaganda gubernamental para presionar, castigar, premiar, privilegiar o coaccionar a los comunicadores o los medios de comunicación.
Asimismo se estableció que no podrá rebasar en ningún ejercicio fiscal el 0.1% del presupuesto aprobado, en este caso 5,800 millones de pesos.
Pero estas medidas resultan insuficientes y el gasto sigue siendo oneroso, plantean especialistas en el tema.
“El reto consiste no solamente en anunciar que va a hacer una reducción en el presupuesto sino en llevarlo a cabo, en que no existan sobre ejercicios y sobre todo porque esto forma parte de su anuncio de los 50 puntos en combate a la corrupción y austeridad. No tenemos seguridad en que no existan sobre ejercicios y si existen que haya sanciones a las autoridades que emitan presupuesto de comunicación social”, detalla Ricardo Reyes, abogado de Derecho a la Información de Artículo 19.
Carlos Bravo Regidor, coordinador del programa de Periodismo y Políticas Públicas del CIDE, coincide que la asignación de estos recursos es absolutamente discrecional pese a la entrada en vigor el pasado 1 de enero de la Ley General de Comunicación Social, conocida como ‘Ley Chayote’, toda vez que ha sido señalada por avalar las malas prácticas en este gasto.
“Hasta el momento la ley que regula esto es la famosa ‘Ley Chayote’, hasta este momento ese es el marco normativo, puede haber mucho discurso y buenas intenciones, pero mientras no cambie, la realidad es que el gobierno sigue habiendo mucha discrecionalidad para asignar el gasto.
Lo que me pregunto es si la forma en cómo están anunciando que van a poner en López Obrador es si es real, es viable y si tiene un efecto fuerte sobre el gremio, quien puede sobrevivir al recorte y en qué consisten esas estrategias de supervivencia”, apunta el especialista.
Forbes c