* La impunidad ha sentado un precedente sumamente negativo en nuestro país. Y como el mal ejemplo cunde, después de bloquear vías del ferrocarril en Michoacán, ahora, se hace en Oaxaca.
* El sabotaje y terrorismo son realizados por un grupo de ex ferrocarrileros liquidados, encabezado por los profesores Ernesto Ramírez Aragón, Alejandro Osorio Solórzano y Arturo Gutiérrez.
¿Por qué el Presidente López Obrador, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, permite actos de terrorismo en estados como Michoacán y Oaxaca?
La impunidad ha sentado un precedente sumamente negativo en nuestro país. Y como el mal ejemplo cunde, después de bloquear vías del ferrocarril en Michoacán, ahora, se hace en Oaxaca.
Los probables responsables en ambas entidades son agitadores amparados como profesores de las secciones XVIII y XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
El llamado Frente Ferrocarrilero “Demetrio Vallejo” y la Coordinadora Estatal Campesina Obrera Magisterial Indígena bloquean las vías del Ferrocarril Transístmico, en Matías Romero e Ixtepec.
El sabotaje y terrorismo son realizados por un grupo de ex ferrocarrileros liquidados, encabezado por los profesores Ernesto Ramírez Aragón, Alejandro Osorio Solórzano y Arturo Gutiérrez.
Lamentable que AMLO ponga en riesgo el Proyecto Transístmico al permitir que las presiones y chantajes de la CNTE envíen un pésimo mensaje a los inversionistas nacionales y globales.
Con el paso del tiempo, lenta e inexorablemente, se confirma en los hechos que, aunque se niegue, México se ha convertido en un Estado fallido, rebasado por la inseguridad y violencia.
Las bandas del crimen organizado y los cárteles del narcotráfico han sentado sus reales en el país desde el Gobierno de Carlos Salinas. Los Presidentes utilizan y traicionan a los grandes capos.
El ejemplo más claro y concreto de uso financiero y traición por el ex Presidente Enrique Peña Nieto es Joaquín Archivaldo Guzmán Loera El Chapo, extraditado y encarcelado en Estados Unidos.
No es el único caso, pues también Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, fueron traicionados presidencialmente.
Presidentes, algunos gobernadores, alcaldes, jefes militares y policíacos, garantizan impunidad a la delincuencia organizada. A cambio, el crimen organizado y el narco financian campañas políticas.
Renunciar al ejercicio de la violencia legítima del Estado, a través de la fuerza pública, es uno de los mayores problemas del Gobierno mexicano desde las matanzas de estudiantes del 68 y y71.
Si el Gobierno mexicano ha abdicado de la obligación de respetar y hacer respetar el Estado de Derecho y las leyes que de este emanan, su actuación es peor en materia de seguridad nacional.
Prueba de ello es el permanente bloqueo de supercarreteras y autopistas, así como la toma de casetas de peaje y, ahora, del bloqueo de vías férreas en los estados de Michoacán y Oaxaca.
En México, los delitos de sabotaje y terrorismo están contemplados en el Código Penal Federal. Sin embargo el Estado y Gobierno mexicanos han renunciado a perseguir y sancionar ambos delitos.
Después de medio siglo, el Gobierno mexicano sigue padeciendo el Síndrome del 68 y del 71. Temen pasar a la historia como represor y no aplica la fuerza de la violencia legítima del Estado.
En el Código Penal Federal están considerados como actos de sabotaje las siguientes actividades:
Dañar, destruir, perjudicar o ilícitamente entorpecer vías de comunicación, servicios públicos.
Al mismo tiempo, dañar, destruir, perjudicar o ilícitamente entorpecer funciones de las dependencias de Estados, organismos públicos, empresas paraestatales, órganos autónomos.
Asimismo, plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas. Centros de producción o distribución de artículos de consumo necesarios de armas, municiones o implementos bélicos.
Las penas por cometer sabotaje van de los dos a los 20 años de prisión, además de una multa de mil a cincuenta mil pesos; y se especifica que quien cometa sanciones de sabotaje en ductos, equipos, instalaciones o activos contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, las penas podrán aumentar hasta en una mitad.
En cuanto al terrorismo, el Código Penal Federal indica en el artículo 139 que las penas por este delito van de los 15 a los 40 años de prisión y cuatrocientos a mil doscientos días de multa.
Se considerará un acto terrorista a quien: “Utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, (…) explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, (…) en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación”.
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