Mario Patrón dijo que con la comisión, el próximo presidente cumplirá con los ‘acuerdos que hizo con los padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa’.
El director del Centro de Derechos Humanos ‘Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, confirmó que el lunes, tras toma protesta Andrés Manuel López Obrador firmará el decreto que permitirá crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).
En entrevista en Radio Centro realizada este jueves, dijo que el lunes, padres de los 43 estudiantes de la normal rural ‘Raúl Isidro Brugos’ desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, fueron citados en Palacio Nacional.
Con ello, señaló, ” empezará con la pauta en cumplimiento a los acuerdos que hizo con los padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa”.
En este sentido, Patrón dijo que se trata de una comisión de investigación con facultades penales y “no es una comisión de la verdad en términos clásicos” y en la que habrá una participación activa del próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Durante campaña, López Obrador se reunió con los padres de los 43 jóvenes y se comprometió a investigar el caso para saber su paradero y lo que ocurrió esa noche en Iguala.
Ese día, el pasado 26 de septiembre, el entonces candidato presidencial “se comprometió a firmar los convenios de colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que regresen a supervisar la investigación del caso”, recordó Patrón.
La creación de la comisión se encuentra estancada, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) manifestara una imposibilidad jurídica para crearla, como lo ordenó el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con sede en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
Dicho tribunal concedió el amparo a cuatro de los principales implicados en el secuestro y ejecución de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
La sentencia de amparo se concedió para el efecto de dejar insubsistentes el auto de formal prisión, emitir otra resolución atendiendo los lineamientos que se marcan en la sentencia y reponer la fase de preinstrucción.
También para reconocer la calidad de víctimas de las personas a quienes se les reconoció ese carácter en la averiguación previa, o bien, en las ejecutorias indicadas.
Ordena a la PGR a que cese o dé por concluida la asignación encomendada a peritos de dicha dependencia para que dictaminen a los inculpados; requerir al agente del Ministerio Público federal para que presente los dictámenes en materia médico psicológica realizados por una institución independiente, conforme al Protocolo de Estambul, en lo que deberá examinarse a diversos declarantes, a fin de investigar los actos de tortura que alegaron.
Además de que se ordenó tomar en consideración diversos lineamientos para efecto de llevar a cabo el estudio del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad en los delitos que se imputan a los quejosos.
“En relación con la investigación que corresponde a la etapa de averiguación previa, integrar la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), que se conformará por los representantes de las víctimas, la CNDH y el Ministerio Público de la Federación, la cual deberá quedar conformada en un plazo no mayor a diez días naturales”, apuntó.
Actualmente, el asunto se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Fuente: elfinanciero.com
