El Movimiento Progresista buscará la invalidez de la elección presidencial por la violación al artículo 41 constitucional y cuando menos cinco agravios: rebase de topes de gastos de campaña, compra masiva del voto, omisión de las autoridades electorales, injerencia de gobernadores del PRI y el impacto que tuvieron las encuestas.
“Nosotros no estamos promoviendo la nulidad, promovemos la invalidez por violación a principios constitucionales, es como el caso de la alcaldía de Morelia”, cuyo proceso declaró inválido el TEPJF, declaró Ricardo Monreal.
El coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador informó que el recurso que se entregará este jueves al IFE incluye también otro recurso de inconformidad para impugnar prácticamente la totalidad de las casillas y demostrar que hubo violaciones constitucionales y que “no hubo elecciones libres ni auténticas”.
Entrevistado tras reunirse con el candidato presidencial, sostuvo que “hubo graves omisiones de las autoridades electorales. Desde hace más de tres meses documentamos que se excedió el gasto de campaña, pero el IFE no quiso. Están actuando de manera omisa. No se puede resolver el juicio de inconformidad que estamos planteando, si no están resueltas las quejas de fiscalización”.
Monreal detalló que a partir de la reforma electoral de 2008, se abrió el secreto bancario, fiscal y fiduciario. “Por eso basta con que la Unidad de Fiscalización solicite informes hoy para que lo entreguen mañana, lo que sucedió en esas cuentas y no lo ha hecho el IFE, lo planteamos a los 15 días de iniciada la campaña, pero ha sido omiso”.
Cuestionado sobre la opinión de Arturo Núñez respecto a que es prácticamente imposible comprobar la compra masiva del voto, el senador petista, sostuvo que “hay el interés de confrontarnos”, pero el gobernador electo de Tabasco, dijo, también explicó que donde no se puede comprobar la compra del voto es en los cómputos, pero sí antes de la jornada electoral.
El recurso que se presentará hoy ante el IFE documenta los agravios, desde la descripción de las omisiones cometidas por el árbitro electoral al no ejercer sus facultades de fiscalización, por las denuncias que se presentaron por el presunto rebase de topes de gastos de campaña, que según el equipo jurídico de López Obrador, supera los 5 mil millones pesos. De comprobarse el rebase de topes de gastos de campaña, que era de 300 millones de pesos, “si esto se demuestra tendrá como consecuencia la cancelación del registro del candidato”.
Igualmente, una relación de los estados en los que los gobernadores priistas trabajaron para su partido. Entre las entidades donde se documentan ese tipo de irregularidades, están Zacatecas, Estado de México, Yucatán y Tabasco, entre otros.
Respecto a la compra del voto y las denuncias que han presentado por el caso de las tarjetas de Soriana y telefónicas de Monex, se aportan documentos sobre la triangulación de recursos ilegales y la doble contabilidad de empresas financieras.
En cuanto a las encuestas, el recurso presenta argumentos científicos de que fueron utilizadas como mecanismo de inducción del voto y propaganda política. Además se solicita al IFE la relación de encuestadoras que trabajaron para el PRI.
“Se ofrecen pruebas periciales para saber el impacto que tuvieron en la población, 100 días seguidos, en el caso de una de ellas y cómo las principales encuestadoras trabajaron alineadas”, explicó.
Milenio
