A partir de la publicación de resultados de dos encuestas supuestamente no registradas ante la autoridad, el Instituto Nacional Electoral ha sometido al columnista Carlos Ramírez a un acoso e intimidación que llegó al punto de amenazarlo con un arresto de 36 horas.
En dos ocasiones Indicador Político publicó datos de encuestas realizadas por la empresa Prospecta Consulting. El INE señaló que esas encuestas no cumplían con el reglamento respectivo, aunque fueron realizadas antes de las prohibiciones. A lo largo de varios meses, el INE ha perseguido al columnista para aplicarle un reglamento que quiere ser colocado por encima de la Constitución.
La inquisición administrativa del INE se ha metido en tres espacios de la libertad de expresión:
1.- Para entregar la primera demanda, el INE violó la confidencialidad del Registro Nacional de Electores y consiguió la dirección privada del columnista, a pesar de tener registro de sus lugares de trabajo.
2.- Colocó un reglamento por encima del ejercicio de la libertad de expresión constitucional.
3.- Y exige información confidencial sobre las fuentes de información del columnista e información confidencial de los periódicos y sitios internet que publican la columna Indicador Político.
El último requerimiento del INE le exige al columnista nombres y contactos de los medios que reciben la columna para publicar y amenaza con aplicarle multa y envío de fuerza pública para arrestarlo. El problema radica en que el punto central del conflicto tiene que ver con informaciones publicadas en la columna Indicador Político, es decir, es una medida administrativa que coarta la libertad de expresión y de crítica.
El artículo 6º Constitucional señala que “la manifestación de las ideas no será́ objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”. Y el 7º establece que “no se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales…” “Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6º”.
La inquisición del INE se quiere convertir en un límite al ejercicio de la crítica y para ello invoca un reglamento del Instituto sobre la publicación de encuestas. El problema radica en que es reglamento limita el ejercicio de la libertad de expresión en su vertiente de liberta de crítica. Y menos se puede amenazar a un columnista con cárcel por negarse a proporcionar información confidencial de su relación con sus fuentes de información ni con los medios que reproducen sus textos también en ejercicio constitucional de la libertad de publicar y de opinar.
Las amenazas del INE constituyen un agravio contra la libertad de prensa porque significan un “perjuicio que se hace a alguien en sus derechos e intereses”.
En este sentido y luego de meses de inquisiciones jurídicas, el autor de Indicador Político decidió lo siguiente: airear el conflicto ante la amenaza de encarcelamiento, abrir una queja ante la oficina de protección de periodistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reportar el caso ante la fiscalía especial de agresión contra periodistas de la PGR y marcarle copia a la comisión de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados, además de informar al Comité de protección de periodistas de Nueva York y a la Vicepresidencia México de la Federación Latinoamericana de Periodistas.
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Política para dummies: El poder es poder cuando sabe usarse…, y no es fácil.
Sólo para sus ojos:
● Como era de esperarse, el despido de Steve Bannon de la Casa Blanca llevó ya al libro Fire and Fury: Inside the Trump White House (Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump), del periodista Michael Wolff. El asunto llegará a tribunales, pero fue un torpedo debajo de la línea de flotación del buque insignia de la Casa Blanca. Es posible que el contenido del libro no alcance para enjuiciar a Trump, aunque sí lo dejará sin el apoyo del sector conservador puritano radical que lo llevó al poder.
● Todo indica que los tres principales candidatos llegarán al arranque formal de las campañas en febrero en situación de empate técnico, lo que convertirá los noventa días de promoción formal en una verdadera guerra de posiciones. Y hay indicios que señalan la posibilidad de que ningún candidato independiente logre cumplir con los requisitos del INE.
● La bomba mediática anunciada por López Obrador con su propuesta de secretario de Seguridad Publica se cebó.
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@carlosramirezh
