Lo del affaire Alejandro Moreno “Alito”, ex gobernador de Campeche, legislador y más, así como de Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, por el que la autoridad fiscal les atribuyen presuntos delitos de distinta magnitud, circunstancia, volumen, tiempo y forma, suena más a un intento del gobierno federal y Morena por ganar el gobierno del Estado de México en las elecciones del 4 de junio de 2023 y quitarle al Partido Revolucionario Institucional (PRI) la hegemonía histórica en esta entidad, que a un asunto de ley y justicia.
Esta entidad mexicana es, digamos, la joya de la corona para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Es uno de los estados mexicanos con mayor riqueza económica, con mayor potencia social y electoral del país. Es el Estado de México la entidad con mayor número de fronteras a nivel sub nacional colindando con: Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Michoacán y Guerrero.
Su fortaleza económica hace aportaciones importantes a la federación. Su reciedumbre como estado del país con una vitalidad a prueba de tormentas es emblemática. Y es de ahí de donde han salido grupos políticos que tiñen de Estado de México al resto del país… Y más.
Pues es ahí que el gobierno federal de la 4-T quiere tener como su triunfo político-electoral de enorme magnitud. Quiere ganar la entidad para Morena. Quiere contar con ese cúmulo de votos y de voluntades a su favor en las elecciones de 2024 cuando se renueve de la presidencia, o la perpetuación del mismo Movimiento de Reconstrucción Nacional.
Por tanto, lo dicho, en política todo se vale y en esta ocasión se está haciendo uso de todos los recursos para desdibujar al contendiente fuerte, al Partido Revolucionario Institucional, cuyos políticos han gobernado por años la entidad a la que consideran un bastión: uno de sus últimos bastiones políticos.
En primer lugar, luego de la votación en contra de la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, cuando en enero de 2022, con 275 votos a favor y 223 en contra, se desechó la propuesta de Reforma Eléctrica. Un golpe fuerte para Morena y el gobierno de la 4-T. Enseguida, siguiendo la línea de Palacio Nacional las huestes Morenistas acusaron de traición a la patria a los diputados de oposición a Morena. Un exceso.
Pero junto a eso, comenzó el hostigamiento en contra del PRI y de los partidos de oposición para hacerlos “entrar en razón” y conseguir mayorías calificadas en reformas que provienen de Palacio Nacional. A las acusaciones de Morena, los diputados de oposición parecen haber cerrado filas para rechazar toda iniciativa de reformas provenientes de presidencia.
Y junto a eso –también- resultaba oneroso para el PRI la pérdida de gobiernos estatales, en entidades que por años habían sido feudos priistas. Algunos señalaron como culpable a Alejandro Moreno “Alito”, por operar mal los procesos electorales estatales y por someterse al mandamiento presidencial. De hecho se le acusó en algún momento de ocupar la presidencia del PRI por apoyo de Palacio Nacional y para ocultar sus errores como gobernador de Campeche si no se solidariza con Morena. Especulaciones o no. Lo cierto es que el PRI, con “Alito” perdió casi todo en el país.
Ahora, tan cerca de la decisión en el Estado de México ocurre una hecatombe para Alito. Por un lado ex presidentes del PRI que le piden su renuncia; también ex gobernadores priistas. Él se resguarda. Pero de pronto la señora Layda Sansores, gobernadora sui generis de Campeche filtra grabaciones y videos dañinos para el dirigente priista. Y dice que tiene más. La idea es cierta: hacerle daño…
En todo caso el daño está hecho, y el PRI está en extremaunción. Alito ha perdido toda fuerza, fortaleza y unidad del partido. ¿Quién puede rescatarlo ahora? Parece que nadie… Es prácticamente un caso perdido en política mexicana.
Y cuando se dirime el tema “Alito”, resulta que el gobierno federal, a través de la UIF anuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra el expresidente por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 26 millones de pesos. Argumentan detalles, pero queda claro que todo esto entra dentro de la posibilidad de la comisión de delitos.
Por supuesto que se debe actuar en justicia y probar los señalamientos. No será difícil. Son gente pública a la que se le pueden rastrear los recursos y su origen. En ambos casos millonarios. Sería una verdadera tomadura de pelo si se concluye luego en que no hay delito que perseguir sin justificar esta decisión. Y sí, todos en México queremos que se haga justicia en los dos casos…
Pero ocurre, también, que todo esto parece estar en el esquema de “apretar tuercas” por venganza política y para presionar hacia la ganancia electoral en el Estado de México en donde los dos señalados “Alito” y Enrique Peña Nieto, tienen un peso muy específico para contribuir en la entrega de la entidad a Morena.
Ojalá no tengamos que confirmar un día que todo esto fue un montaje propio de gobiernos malignos que luchan por el poder, pero no luchan por el bien del país y mucho menos por la democracia y la preservación nacional, sino para obtener triunfos electorales que, de esta forma, son mal habidos.
