El IMSS disminuyó 18 por ciento el pago por sesión de hemodiálisis subrogada, lo que implica que proveedores externos que brindan ese servicio reduzcan la atención a pacientes renales, alertó Carlos Castro, presidente de la Asociación ALE.
Si el instituto no garantiza el servicio y su calidad se pone en peligro la sobrevida de los pacientes, señaló.
De acuerdo con el activista, con la licitación para la subrogación de servicios de hemodiálisis de 2016 a 2019 el Instituto detalla que cada sesión tendrá un costo de mil 150 pesos, cuando en 2014 pagaba mil 400 pesos por sesión.
El IMSS pagará a proveedores externos 9 mil 768 millones 880 mil 414 pesos por servicios de hemodiálisis intramuros y extramuros que serán otorgados a sus derechohabientes en el lapso de tres años.
Según la dependencia, con las subrogaciones se tendría un ahorro de alrededor de cinco mil 400 millones de pesos en cuatro años.
Sin embargo, para Castro, lejos de que la medida represente un ahorro, la reducción del pago a terceros implicará la disminución de las sesiones a 2.5 horas, dos veces a la semana, cuando es necesario hacer hemodiálisis tres veces a la semana, con una duración de 3.5 horas, aproximadamente, para lograr limpiar completamente la sangre del paciente.
“El riñón limpia todas las toxinas en el cuerpo y, al no procesarlo de una manera continua, te quedan ahí los remanentes de estas toxinas.
“Si reducen el tiempo de sesión va a iniciarse un proceso de acumulación de toxinas. Deben cumplir con el estándar de calidad porque eso garantiza la sobrevida del paciente”, dijo.
Afirmó que las empresas privadas que ofrecen el servicio al IMSS han empezado a recortar personal.
“Ya nos están diciendo que se están cortando enfermeras y nefrólogos por parte de los proveedores de servicios porque se están anticipando a mantener el negocio.
“La única duda que nos queda es si el proveedor, en aras de mantener su negocio, con esta baja de precio, le va a brindar mayor atención al paciente”, mencionó.
Después del trasplante de riñón, la hemodiálisis es el tratamiento sustitutivo más utilizado para atender a pacientes con enfermedad renal.
Sin embargo, de los 160 mil que lo requieren, sólo son atendidos 58 mil en el IMSS, 9 mil en el ISSSTE y el resto en hospitales generales o en servicios privados.
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