El fenómeno migratorio en el territorio oaxaqueño se ha constituido en una problemática de carácter internacional que se traduce en situación de alarma social, admitió el diputado Maximino Vargas Betanzos, Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Migratorios del Congreso local.
Lamentó en entrevista que se han presentado numerosos casos de hechos delictuosos como secuestros, extorsión y violación de los derechos humanos, cometidos en contra de personas en tránsito por territorio mexicano, que por la frontera sur y utilizando medios de transporte como el ferrocarril se internan en el estado de Oaxaca.
Ya en territorio oaxaqueño, los migrantes han sido atacados por miembros de la delincuencia organizada, para despojarlos de sus escasas pertenencias y exigiendo en otros casos a sus parientes que radican en los Estados Unidos o país de origen, el pago de su rescate, apuntó el legislador.
Refirió que cifras oficiales nos dejan ver que la frontera sur de México se caracteriza por una intensa vida transfronteriza, donde entran cada año en promedio un millón 700 mil personas, muchas de ellas de muy escasa preparación, quienes se identifican en su mayoría como trabajadores migrantes en tránsito, que buscan llegar a los Estados Unidos.
Agregó que los movimientos locales en la zona fronteriza con Guatemala y Belice, incluyendo movimientos documentados e indocumentados, constituyen alrededor del 90 por ciento, muchos de estos arriesgan su vida al internarse en suelo oaxaqueño.
Señaló Max Vargas que en las municipalidades de Chahuites, San Pedro Tapanatepec, Juchitán, Ciudad Ixtepec, y otros lugares aledaños, los migrantes son atacados por delincuentes que los hacen víctimas de atracos y extorsiones y algunas veces, “es penoso reconocerlo”, son los mismos agentes de las corporaciones policiacas quienes se encargan de victimizarlos.
Por ello justificó la urgencia de abrir la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos en contra de las personas migrantes en el estado de Oaxaca.
El Presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios urgió que el Ministerio Público atienda de manera inmediata esta problemática social, que pone a Oaxaca ante la opinión pública estatal, nacional e internacional como un Estado donde la violación de los Derechos Humanos y la comisión de delitos en contra de las personas migrantes no son atendidos con la celeridad que esta situación demanda de parte de una nación civilizada.
Agencia JM
