Amnistía Internacional exige una vez más al gobierno de México que brinde protección inmediata al resto de la familia Reyes Salazar, y se investiguen los asesinatos contra los parientes de la activista Josefina Reyes, quien también fue ultimada en enero de 2010, pues hasta el momento no existen resultados sobre los responsables de esta persecución criminal.
La organización fijó así su posición, luego de que la mañana de este viernes se descubrieron los cuerpos de Malena Reyes, Elías Reyes y su esposa Luisa Ornelas, en Ciudad Juárez, Chihuahua, quienes fueron secuestrados por hombres armados el 7 de febrero pasado.
“Resulta evidente que la familia Reyes se encuentra en peligro ya que cinco miembros de la familia han muerto de manera brutal. La principal prioridad de las autoridades mexicanas debe ser el garantizar la seguridad del resto de la familia”, sostuvo Susan Lee, directora del Programa de América para Amnistía Internacional.
“Las autoridades también deben conducir una investigación puntal y completa para llevar ante la justicia a quienes sean responsables por los asesinatos que aparentemente se detonaron cuando Josefina Reyes se atrevió a manifestarse en contra de la explosión de violencia en México”.
La primera víctima fue Josefina Reyes, quien había desempeñado un papel muy activo en las protestas en contra de la violencia en una zona amenazada por las pandillas de criminales y por las violaciones a los derechos humanos cometidas, por el Ejército, fue asesinada en enero de 2010. Su hermano Rubén fue ultimado el 18 de agosto de 2010.
Sara Salazar, la madre de estas víctimas inició una campaña por que se haga justicia en el asesinato de sus hijos Josefina y Rubén Reyes, “pero la investigación que llevan a cabo las autoridades mexicanas no ha revelado ningún progreso”.
Después el 7 de febrero de este año los hermanos Malena y Elías Reyes, y la esposa de éste Luisa Ornelas, fueron secuestrados y sus cuerpos localizados hoy; además de que el 15 de febrero, la casa de la familia en el pueblo de Guadalupe fue incendiada por un grupo armado que empleó bombas caseras de petróleo.
Por ello, “las autoridades deben consultar a la familia Reyes para implementar medidas para protegerles mientras se enfrenten a esta violenta persecución” dijo Susan Lee.
La organización sostuvo además que la administración del presidente Felipe Calderón ha intentado combatir a los cárteles de la droga con el despliegue masivo de miles de policías federales, y cerca de 50 mil efectivos militares en las zonas más afectadas. “No obstante, eso no ha producido una reducción de la violencia”.
El Universal
