Culminado en buen grado el ciclo de las reformas estructurales, toca ahora la agenda de la consolidación, aprobar las reformas secundarias y reglamentarias pendientes y algunas reformas de fondo aún no presentadas y debatidas en el Congreso de la Unión. Esa será la principal tarea del último año de la LXII Legislatura Federal.
Se trata de una agenda importante de cambios, reformas y puntualizaciones de lo ya aprobado para dar viabilidad y operación a la apuesta vigorosa por la modernización trazada el segundo día de su mandato por el presidente Enrique Peña Nieto, un catálogo de reformas transformadoras hecho posible por la concurrencia de voluntades propositivas, en el mismo sentido aunque desde perspectivas diferentes, en ambas cámaras legislativas, Cámara de Diputados y Senado de la República.
Por eso esta misma semana se efectuarán las reuniones plenarias de todos los grupos parlamentarios para analizar, discutir y aprobar su respectiva agenda legislativa, y perfilar los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones del tercer tramo constitucional de esta histórica legislatura, correspondiente a la primera mitad del sexenio. En el caso de los diputados del PRI y del PVEM, la reunión será los días 27 y 28 de agosto.
El mismo día 28, concluyendo nuestra plenaria, los diputados de todos los partidos elegiremos a la Mesa Directiva, y nos aprestaremos a participar en la sesión de Congreso General para recibir el Segundo Informe de Gobierno del presidente de la República, el primero de septiembre, como lo mandata la Constitución Política.
Está por iniciar pues un periodo intenso de análisis y discusión para consolidar lo ya avanzado y para debatir importantes reformas como la reforma del campo y la reforma indígena, ambas muy vinculadas con el México profundo del sur del país, incluido Oaxaca, con sus enormes rezagos y sus importantes activos.
Actualmente el 22 por ciento de la población de nuestro país, según registros del INEGI y de estudios privados, vive en las zonas rurales y 14 por ciento de los mexicanos se dedican a la actividades agropecuarias; desafortunadamente, los principales indicadores sociales registrados por la CONEVAL indican que el agro mexicano sigue concentrando las expresiones más palpables del atraso, la marginación, la pobreza, la desnutrición y la falta de oportunidades.
Pero también hay que decir que el campo mexicano tiene importantes activos, pues México se ubica entre los 15 países que producen más alimentos y ocupa el lugar número 13 en exportación de productos agrícolas, mismos que llegan a un mercado de más de mil millones de consumidores de 45 naciones de América Latina y de otros continentes.
Tenemos un enorme potencial, tanto en nuestros litorales como en tierras que son fértiles y en regiones con vocación para la generación de energías alternativas, como la costa y el istmo oaxaqueños.
Esto nos permite afirmar que una reforma del campo orientada a la productividad podría hacer transitar al agro mexicano de una zona expulsora de mano de obra a una zona productora de bienes primarios y artículos de valor agregado, un destino de inversiones y una fuente de trabajo para muchos jóvenes, 500 mil de ellos que año con año siguen emigrando al extranjero, Estados Unidos y Canadá específicamente, y cientos de miles más de las comunidades rurales a los núcleos urbanos.
Mayor productividad que no significa desaparición de la propiedad social de la tierra, una de las modalidades reconocidas hoy por la legislación mexicana, como advirtió ya el presidente Enrique Peña Nieto al encabezar un encuentro con Organizaciones Nacionales de Productores Rurales, el 5 de marzo del 2014:
“Para no caer en especulaciones de ningún tipo, ni alimentar las que eventualmente hubiera, hay que dejar muy en claro que el Gobierno de la República ni ha propuesto, ni propondrá, iniciativa alguna que modifique el régimen de propiedad social que hay en nuestro país”.
Pero sí una reforma al campo mexicano para hacer de él “uno más productivo, más rentable, espacio de vida digna para quienes ahí viven y de él dependen, y también una actividad sustentable”.
Un campo, para empezar, con mayores presupuestos, como el que aprobamos los diputados para este ejercicio fiscal del 2014: la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, ejercerá este año un presupuesto histórico de 82 mil 900 millones de pesos, 7 mil 500 millones más que el año pasado; y el gobierno federal, mediante todas las dependencias y del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, apoyará al campo con más de 338 mil 600 millones de pesos, 32 mil 700 millones más que en el primer año de este gobierno.
La reforma del campo tendrá que contemplar también, sin lesionar la propiedad social sobre la tierra, nuevos mecanismos de colaboración entre los distintos agentes de la producción y la propia iniciativa privada para elevar la producción e incrementar la productividad, para hacer competitivos los productos agropecuarios nacionales, hoy con un mercado abierto en lo relativo a los países de América del Norte.
Entre las reformas pendientes figura también la actualización del marco jurídico para fortalecer los derechos indígenas, comenzando por su derecho al desarrollo. No puede ser que, dentro de la propia precariedad del campo mexicano, sea entre los pueblos originarios donde se concentren los indicadores más bajos de esperanza de vida, salud, escolaridad e ingreso per cápita.
Desde la Cámara de Diputados del Congreso Federal, mi voz y mi voto serán por la consolidación del cambio estructural y la culminación de las reformas transformadoras del presidente Enrique Peña Nieto en este tercer año legislativo; especialmente serán por reformas que lleven justicia al campo y en particular a los pueblos y las comunidades indígenas de México y de Oaxaca.
