Trabajadores de la empresa Choferes del Sur advierten a las autoridades en materia laboral sobre la intención de correr a quienes tienen mayor antigüedad, la razón tiene que ver con impedir que sigan acumulando años de trabajo para poder jubilarse. El caso más reciente es el de un empleado que tenía más de 24 años trabajando para la empresa camionera, sin embargo de la noche a la mañana fue despedido sin motivo aparente. A partir de ese momento el trabajador comenzó una batalla titánica para lograr que por lo menos lo liquidaran conforme a lo establecido por la Ley. Pero se topó con la prepotencia, altanería, agresividad y las influencias que dice tener el abogado de la empresa Maurilio Bautista López.
Desde el inicio de este conflicto el representante legal de Choferes del Sur, “advirtió” al trabajador que si no aceptaba lo que pretendía pagarle la empresa sería difícil que obtuviera algún beneficio. El afectado demandó a la empresa, a la cual la Junta de Conciliación y Arbitraje ordenó no sólo pagar sus salarios caídos, también debía reinstalarlo en su lugar de trabajo, orden que Maurilio Bautista se negó a acatar, razón suficiente para que procediera el embargo para asegurar parte del pago al trabajador. Pero fiel a su estilo el día en que se llevaría a cabo tal embargo, el abogado llegó acompañado por varios sujetos quienes violentamente impidieron que se cumpliera la orden del juez. Como consecuencia de estos hechos Maurilio Bautista fue demandado penalmente y el jueves 15 de diciembre fue ejecutada la orden de aprehensión, sin embargo y pese a vencer el término constitucional para aportar pruebas que demostrasen su inocencia, fue puesto en libertad.
No conforme el abogado envió un mensaje vía celular al afectado advirtiéndole que no le pagarían ni un solo peso. Y no sólo eso, el abogado se encargó de hacerle saber a todos los trabajadores que “el presidente del tribunal por encargo del dirigente de Coparmex ordenó al juez ponerlo en libertad”.
Aunado a esto el trabajador ha recibido llamadas en las que lo amenazan y advierten que su familia pagará por lo que él hizo.
Ante tal situación el empleado solicitará la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), y de la Fiscalía General de Justicia para resguardar su integridad y la de su familia.
De igual manera espera que las autoridades obliguen a la empresa a pagarle lo que por Ley le corresponde.
