Para muchos ayer fue un día histórico. Pues la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen por el cual se elimina el beneficio del fuero para todos los servidores públicos de todos los niveles de gobierno, incluido el presidente de la República. De llegar a convertirse en reforma constitucional —una vez que pase por la aprobación de las dos cámaras federales, y la mitad más uno de las Legislaturas locales—, este sería el paso que hacía falta para la eliminación de esa polémica aunque malentendida figura en todo el país.
En efecto, con el análisis de 33 iniciativas, se concretó el documento por el que se reforman los artículos 110 y 111 de la Carta Magna, y se contempla que para enjuiciar al jefe del Ejecutivo Federal se deberá contar con la mayoría calificada del Congreso de la Unión a favor de la acusación. Tanto los legisladores de ambas cámaras, como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de los órganos electorales, y autoridades locales en todos sus niveles, podrán ser sujetos a juicio por acciones penales que se señalen en su contra.
Diputados de distintas bancadas destacaron que el mérito no debe ser de ningún organismo político, sino de la sociedad que con su denuncia orilló a los políticos a “evolucionar y ponerse a la vanguardia”, y celebraron el avance. Incluso, ayer mismo la Junta de Coordinación Política, anunció que ese sería el primer dictamen en ser puesto a discusión en la sesión de ayer, y finalmente por la tarde los diputados aprobaron de manera unánime y por la vía rápida, la eliminación del fuero para todos los servidores públicos, incluyendo al presidente de la República. Con 370 votos a favor, las reformas a la Carta Magna y se enviaron al Senado de la República para su análisis.
Esto, como suele ocurrir, fue una victoria con muchos padres. Por ejemplo, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Marko Cortés Mendoza, destacó que fue su candidato presidencial, Ricardo Anaya, quien presentó la propuesta a nombre de Acción Nacional. “Todos los mexicanos sean o no servidores públicos podrán estar en un proceso del cual se les acuse, obviamente bajo el supuesto y principio de que todos somos inocentes hasta que se nos compruebe lo contrario”, puntualizó.
Francisco Martínez Neri, coordinador del grupo parlamentario del PRD, expresó el respaldo al dictamen que representa la igualdad para todos ante la ley, “para que nunca más ningún servidor se escude con el fuero”. Incluso el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, de inmediato utilizó el tema señalando que él sería el primer Presidente de México sin fuero. Lo cierto, al final, es que este era un tema que ya venía discutiéndose desde hace tiempo en nuestro país, y que varias entidades de la República —Oaxaca, entre ellas— ya habían avanzado eliminando dicha figura de sus Constituciones locales, como una forma de establecer nuevos parámetros de actuación para los servidores públicos de esos niveles.
TENDENCIA NACIONAL
Tan sólo en 2017, 11 entidades de la República votaron a favor de eliminar la inmunidad judicial a todos los servidores públicos. Entre ellos, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México (enero), así como los congresos de Baja California (9 de marzo), Yucatán (15 de mayo), Nayarit (25 de mayo), Nuevo León (31 de mayo), Quintana Roo (15 de junio) y Coahuila (11 de julio). Antes ya habían hecho algo similar los estados de Morelos, Jalisco y Querétaro, y en Oaxaca también fue eliminado el fuero como parte de un proceso de consensos políticos logrado entre las dos principales bancadas en la LXIII Legislatura (PRI y Morena) para conseguirlo, a iniciativa de los propios morenistas.
En términos generales, estas iniciativas lo que buscan eliminar es la llamada “declaratoria de procedencia” que debía ocurrir para que cualquier servidor público dotado de inmunidad, debiera enfrentar a la justicia en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano. Esa inmunidad constitucional fue establecida desde que apareció la Constitución, como una forma de no de excluir a ciertos servidores públicos de sus responsabilidades relacionadas con la justicia ante la comisión de un hecho ilícito, sino más bien de garantizar su independencia para que nadie intentara presionarlos a través de acciones judiciales, para que realizara o se abstuviera de alguna conducta en específico.
De hecho, como durante mucho tiempo operó a plenitud el control político que significaba el poder del Presidente en el marco de un régimen de partido hegemónico —y él era quien decidía a quién se le aplicaba la justicia, y a quién no, independientemente de su calidad de servidor público— fue hasta hace pocos años cuando se vio el problema que representaba el llamado fuero para los servidores públicos, y particularmente para los representantes populares. Hasta el momento en que ocurrió el intento de proteger a Julio César Godoy Toscano de la acción de la justicia, se vio que el fuero sí podía servir para fines distintos para los que fue creado.
De hecho, a Godoy Toscano le siguieron otros casos patéticos como el de Luis Enrique Tarín García; o el de los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo que también estuvieron protegidos por el fuero para evadir sus responsabilidades frente a la justicia; y más recientemente el caso de un diputado local de Guerrero que es acusado de ser el verdadero líder de una banda criminal conocida como “los tequileros”. Esos, en un país de 120 millones de habitantes y una dinámica bastante compleja, pueden seguir siendo considerados como hechos aislados.
Al final, parece claro que al calor del proceso electoral sí pueden prosperar algunas iniciativas importantes, que quizá lleguen a convertirse en norma constitucional. Falta la consideración del Senado, que seguramente estará en una sintonía más o menos similar a la de la cámara baja, y posiblemente se allane a la iniciativa enviada por los diputados. Luego tendrá que ir a las entidades federativas para que sus legislaturas locales se pronuncien al respecto.
PISO PAREJO
Como sea, lo cierto es que la sola posibilidad de que un tema tan relevante como este se fije en la agenda pública, es ya un triunfo para todos los mexicanos. Propios y extraños debemos asumir que la evolución del servicio público debe apuntar hacia las responsabilidades, y que hoy ni siquiera el Presidente puede ser ajeno a ellas. Este debe ser un imperativo ineludible para que los mismos gobernantes y servidores públicos en general, sientan menos seguros de exceder sus funciones, o violar la ley, sin la posibilidad de que tengan consecuencias.
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