Los estados muestran una opacidad sistemática sobre el ejercicio del gasto del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), de acuerdo con un estudio presentado por las organizaciones Causa en Común y el Instituto Mexicano para la Competitividad, las cuales analizaron diez entidades para formar una muestra representativa del país.
En conferencia de prensa, Alejandro Hope, director de seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad, dijo que al llevar a cabo su análisis se encontró que la información al respecto es limitada y que no existen criterios homogéneos.
Advirtió que la investigación arrojó que existe incongruencia en las normas relacionadas con la suspensión de recursos del FASP, lo cual genera “incentivos perversos” que fomentan el “derroche”.
En tanto que María Elena Morera, de Causa en Común, indicó que el gobierno mexicano simula muchas veces “que lo que está haciendo, son los objetivos, en los programas pero en lo que no simula es en gastar, gasta mucho pero no sabemos cómo”.
Señaló que al realizar el análisis del gasto en los estados de Colima, Durango, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Tabasco y Veracruz, se encontró que la información presupuestal y de gasto es limitada.
Precisó que en los informes trimestrales, fue un poco homogénea o están disponibles, además de que la fiscalización del gasto se realiza sin que al final exista un castigo a quienes violan la normatividad, por ello Causa en Común y el Instituto Mexicano para la Competitividad realizaron revisiones al Consejo Nacional de Seguridad Pública.
A quien le pidió que dé a conocer los convenios de colaboración, anexos técnicos y reportes trimestrales del FASP; que se modifique la fórmula para darles menos peso a las penalizaciones con subejercicio; publicar los catálogos de bienes del FASP; crear un comité interno que dé seguimiento a la gestión de recursos con la posibilidad de sancionar malas prácticas y que se realice una publicación periódica de la utilización de éste
