Peritos de la hoy Fiscalía General del Estado reconocieron que el Gobierno de Ángel Aguirre realizó una deficiente investigación, con dolo y mala fe, sobre el ataque a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
Revelaron que desde su llegada a la ciudad, la mañana del 27 de septiembre de 2014, para participar en los primeros trabajos de la investigación del asesinato de seis personas y la desaparición de los 43 estudiantes, se les ordenó que no hicieran nada.
“El que tomó el control de la investigación fue el entonces titular de la Procuraduría General de Justicia, Iñaky Blanco Cabrera, quien, junto con un grupo de investigadores, subieron al lugar llamado Cerro del Coyote, arriba de la colonia de Pueblo Viejo, a dirigir la excavación de fosas”, explicó un funcionario de la Fiscalía.
Ese día, mencionó, también tuvieron conocimiento de que un grupo de policías municipales y de civiles se habían llevado en una camioneta de más de una tonelada a varios estudiantes.
“Las autoridades ya sabían de eso y no hicieron nada para iniciar la búsqueda de las personas secuestradas y detener a los delincuentes, incluidos a los policías, de quienes ya se sabía de sus nexos con la delincuencia”, contó.
Fuentes de la Fiscalía consideraron que hubo mala fe por parte de las autoridades estatales para conocer la verdad de los hechos.
“Acuartelar a los policías durante muchas horas el sábado 27, pese a que ya se sabía que tenían mucho que contar, y después detenerlos y trasladarlos a Acapulco fue un error”, afirmó otro de los expertos.
Al respecto, el asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, consideró que el Gobierno de Ángel Aguirre tuvo una responsabilidad al no haber ordenado a la Policía Estatal que se evitaran los hechos del 26 y 27 en Iguala.
“Eso de esperar a que el Congreso desaforara al Alcalde (José Luis Abarca, hoy preso) sólo le dio tiempo a éste para que se diera a la fuga. Y eso podría configurarse en una presunta complicidad”, manifestó.
Excluyen información
Un informe de la Fiscalía de Guerrero sobre sus investigaciones del caso establece que en el expediente que integró, y que envío a la PGR, se da cuenta de las prendas de vestir de estudiantes que fueron encontradas en un autobús.
De acuerdo con el reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), la PGR no tenía en el expediente esta información.
El documento de la Fiscalía señala que a las 00:05 horas del día 27, personal de la dependencia se trasladó a las inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia para verificar el reporte sobre un autobús Estrella de Oro abandonado con los cristales rotos y las llantas ponchadas.
“En el autobús se apreciaron en el interior y en los escalones rocas de distintos tamaños; y en el exterior, a una distancia de cinco metros de la unidad, se encontraban amontonadas diversas prendas de vestir (ocho playeras, un suéter y un pañuelo), una de ellas (un pañuelo) con manchas de líquido hemático”, dice el expediente.
También indica que se informó a la CNDH sobre la participación del Ejército en la toma de datos de los hechos.
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