La cantidad de delitos sexuales en las comunidades militares estadounidenses es mucho mayor de lo que ha admitido públicamente el Departamento de Defensa, afirmó la senadora Kirsten Gillibrand en un informe.
Asimismo, aseguró que el Pentágono se negó a dar información sobre agresiones sexuales en varias bases importantes.
Las esposas de los miembros del servicio y mujeres civiles que viven o trabajan cerca de instalaciones militares son especialmente vulnerables a las agresiones sexuales, señaló la legisladora demócrata.
Sin embargo, dijo la senadora por Nueva York, estos casos siguen en las sombras porque no se cuentan en los estudios del Departamento de Defensa para analizar la prevalencia de agresiones sexuales en el Ejército.
“No creo que el Ejército esté siendo franco sobre este problema”, dijo Gillibrand.
La senadora indicó que su análisis de 107 casos de agresión sexual halló castigos demasiado suaves, y que era más probable que se creyera al supuesto agresor que a la víctima.
Menos de un cuarto de los casos fueron a juicio, y apenas 11 terminaron con una condena por un delito sexual. Las mujeres civiles eran las víctimas en más de la mitad de los casos.
En su informe anual sobre agresiones sexuales en el Ejército, el Departamento de Defensa informó progresos para combatir las agresiones sexuales.
El Departamento indicó que los delitos se habían reducido y cada vez más víctimas optaban por denunciar, un indicio de que hay más confianza en que los agresores responderán por sus actos.
En uno de los casos analizados por Gillibrand, un miembro de la Fuerza Aérea fue acusado de derribar a su ex novia, sujetarla en el suelo y violarla.
Durante la investigación, otras dos víctimas civiles acusaron al mismo hombre de agresión sexual. Una de ellas, esposa de otro militar, se despertó de noche y encontró al hombre en la cama con ella. Tenía dos dedos dentro de su vagina.
El oficial que lo investigó recomendó que el hombre fuera sometido a un consejo de guerra.
Pero los superiores decidieron no celebrar un juicio y emplearon un proceso administrativo para procesar al acusado.
“Es frustrante porque miras los hechos en estos casos y ves testigos dispuestas a dar un paso adelante, pasar el examen médico, y o bien terminan retirando las acusaciones o los investigadores deciden que su testimonio no era válido o creíble”, señaló la senadora.
El informe afirma que los documentos sobre los casos contradicen la afirmación del Pentágono sobre que los comandantes serán duros con los soldados acusados de delitos sexuales.
Esa decisión dependería de abogados militares con experiencia judicial, pero el Pentágono se opone a ese cambio.
Gillibrand reclamó los archivos sobre casos después de una investigación en febrero de 2014 sobre la gestión que hacía el Ejército de casos de agresiones sexuales en Japón, y que reveló un patrón de decisiones aleatorias e inconsistentes en la que la mayoría de los infractores no eran encarcelados.
A través de una solicitud amparada por la ley de Libertad de Información, se tuvo acceso a más de mil informes sobre delitos sexuales relaciones con personal militar destinado en Japón entre 2005 y principios de 2013.
Para determinar si se producía la misma situación en las grandes bases en Estados Unidos, la senadora neoyorquina pidió al entonces Secretario de Defensa, Chuck Hagel, detalles sobre casos de agresión sexual investigados y resueltos entre 2009 y 2014 en cuatro grandes bases militares: Fort Hood en Texas, la base naval Norfolk en Virginia, el campamento de marines Pendleton en California y la base aérea Wright-Patterson en Ohio.
Casi 10 meses más tarde, en diciembre pasado, el Pentágono proporcionó sólo los datos de 2013, y esos 107 casos se entregaron sólo después de la intervención del ex senador Carl Levin, entonces presidente del Comité de Servicios Armados del Senado.
Esa resistencia a proporcionar los datos, señala el informe de la senadora, cuestiona el compromiso del Departamento con la transparencia.
La senadora puso en duda que los 107 casos supongan de verdad el total de esas cuatro bases. Los documentos incluían cuatro incidentes en Wright-Patterson, a pesar de que la base dijo que su oficina legal había recibido nueve acusaciones de agresiones sexuales en 2013.
Hubo 15 casos en 2013 en la base naval de Norfolk, la mayor instalación de una Marina en el mundo con 43 mil efectivos destinados allí.
En otro caso citado por Gillibrand, un sargento de primera de marinos, de 34 años, fue degradado y multado con 2 mil 42 dólares de su sueldo tras obligar a una chica de 17 años a tener relaciones sexuales con él.
Los dos se conocieron en una página de contactos llamada Plenty of Fish. Allí, ella dijo que tenía 18 y él 24 años.
Tras una cita, ella volvió con él a su habitación y tomó un vaso de vino. Después, él se colocó sobre la joven y le preguntó varias veces si ella quería tener intimidad, según el documento.
Ella le insistió que se detuviera y se quitara de encima, pero él la ignoró.
El investigador de la Fuerza Aérea dijo que la víctima no era un testigo creíble porque había grandes contradicciones en su historial. La acusación de agresión sexual se retiró dentro de un acuerdo previo al juicio.
El marino se declaró culpable de proporcionar alcohol a una menor, falso testimonio y adulterio.
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