La coalición liderada por Arabia Saudita, que continúa sus ataques aéreos contra las fuerzas insurgentes en el vecino Yemen, está adquiriendo notoriedad por sus fallos, más que sus aciertos, a la hora de dar en el blanco.
En septiembre la coalición pretendía atacar una fábrica de bombas, pero terminó matando a 36 civiles que trabajan en una planta embotelladora de agua en el norte de Yemen.
Esta semana, la coalición bombardeó una boda en ese país, lo cual desató la indignación del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon.
En un comunicado, Ban condenó los ataques aéreos que habrían matado a unas 135 asistentes a la fiesta, celebrada en el pueblo de Wahijah, en las afueras de la ciudad portuaria de Mokha.
“El secretario general expresa sus profundas condolencias y su más sentido pésame a las familias de las víctimas, y una pronta recuperación a los heridos”, declaró.
El legislador estadounidense Ted Lieu, del Partido Demócrata, instó a Estados Unidos que deje de ayudar a los ataques aéreos de la coalición en Yemen.
“Hasta que la coalición demuestre que instituirá las salvaguardas adecuadas para evitar la muerte de civiles”, precisó Lieu.
En una entrevista con el diario The New York Times, Lieu dijo que no queda claro si la coalición fue “extremadamente negligente o atacó de manera intencional a los civiles”.
“Es evidente que hay ningún valor militar en una fiesta de bodas”, comentó.
La coalición de Estados árabes está integrada por Arabia Saudita, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Marruecos, Kuwait, Qatar y Sudán. La misma lleva a cabo sus operaciones militares a petición del Gobierno de Yemen en el exilio, derribado por la insurgencia houthi.
Los países occidentales cedieron ante las objeciones saudíes el 30 de septiembre y retiraron una propuesta para realizar una investigación internacional sobre las víctimas civiles en Yemen, tanto por la coalición árabe como por los rebeldes houthis, en el actual período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.
La investigación contaba con el fuerte apoyo del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Príncipe Zeid Ra’ad al-Hussein, quien presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos en septiembre sobre las víctimas civiles en el conflicto armado.
Una nueva resolución podría optar por otra comisión de investigación, esta vez nacional y no internacional.
Tras el bombardeo a la fábrica de embotellado, el General Ahmed al Asiri, el portavoz militar de la coalición, indicó a la agencia Reuters que la planta había sido utilizada por los rebeldes houthis para fabricar artefactos explosivos y no era, de hecho, una embotelladora.
Pero todas las personas entrevistadas por la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) en Yemen aseguraron que la planta embotellaba agua y no se utilizaba con fines militares.
En un comunicado, HRW señaló que un grupo de periodistas extranjeros viajó al lugar de la explosión dos días después del hecho y no encontró evidencia de objetivos militares en la zona.
“Examinaron cuidadosamente el sitio y no pudieron encontrar evidencia alguna de que la fábrica se utilizara con fines militares, y tomaron fotos y video de montones de botellas de plástico quemadas y derretidas por el calor de la explosión”, según HRW.
“Nuestros colegas humanitarios (en Yemen) nos informan que el número de muertes y lesiones causadas por armas explosivas en Yemen es el más alto del mundo”, indicó Stephane Dujarric, portavoz de la ONU, en conferencia de prensa el 30 de septiembre.
Las armas explosivas mataron o lesionaron a aproximadamente 4 mil 500 civiles en ese país durante los primeros siete meses de 2015, informó.
Eso es más que en cualquier otro país, según un informe publicado recientemente por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y la organización independiente británica Acción sobre la Violencia Armada.
Cerca de 95 por ciento de las personas muertas o heridas por las armas explosivas en zonas pobladas eran civiles, y más de la mitad se registraron en la capital, Saná, y sus alrededores.
La ONU pidió reiteradamente a las partes en conflicto que cumplan con su responsabilidad de proteger a la población civil.
Cuando se le preguntó si los ataques fueron deliberados o debidos a una deficiente labor de inteligencia militar, Donatella Rovera, de Amnistía Internacional (AI), dijo a IPS que, lamentablemente, no se trata de incidentes aislados sino que integran un patrón cada vez más arraigado en la conducta de la coalición liderada por Arabia Saudita en los últimos seis meses.
AI abordó el tema en su último informe y en el documento titulado “No hay lugar seguro para los civiles”.
Los bombardeos de la coalición, investigados por la organización, son con frecuencia “desproporcionados o indiscriminados”, añadió Rovera.
En algunos casos, AI concluyó que los bombardeos habrían sido dirigidos directamente a la población o la infraestructura civil.
La activista recordó que el derecho internacional humanitario prohíbe los ataques deliberados contra civiles y objetivos civiles y los ataques que no discriminan entre civiles y objetos civiles, por un lado, y combatientes u objetivos militares, por otro.
“Este tipo de ataques constituyen crímenes de guerra”, subrayó Rovera.
El tenor de los bombardeos de la coalición árabe, que desde su inicio el 25 de marzo siguen causando víctimas civiles, y la falta de investigaciones generan serias inquietudes sobre el aparente desprecio por la vida y la indiferencia ante el derecho internacional humanitario, no solo por quienes llevan a cabo los mismos, sino también por el Gobierno de Yemen en el exilio, a cuya petición actúan las fuerzas lideradas por Arabia Saudita, destacó.
El independiente Centro para los Civiles en los Conflictos, con sede en Washington, sugirió que Estados Unidos, que aporta inteligencia y apoyo logístico a la coalición árabe en Yemen, debe condicionar su apoyo al respeto por el derecho internacional humanitario y la adopción de políticas que minimicen el daño a la población civil.
“Estados Unidos ha desarrollado políticas y tácticas para la prevención de daños a civiles en sus propias operaciones de combate. Estas deben compartirse como un elemento clave de todo apoyo a la coalición”, sostuvo Federico Borello, director de la organización.
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