La Administración Pública Federal cuenta con 15 millones 216 mil 950 de expedientes clasificados por 261 oficinas gubernamentales, de los cuales el 81 por ciento se encuentra bajo reserva.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), hasta ayer se tenían registrados 12 millones 326 mil 10 de archivos sin abrir, lo que habla de una posible sobrerreserva de la información, advirtió la organización México Evalúa.
Según la información, la Procuraduría General de la República (PGR) es la oficina que tiene más expedientes clasificados, con un millón 702 mil 33, y sólo 85 mil 363 desclasificados.
Le sigue el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con un millón 410 mil 489 archivos clasificados; y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que tiene 967 mil 830 documentos bajo reserva.
Según el portal del INAI, hay oficinas gubernamentales que no han desclasificado ninguno de los expedientes registrados, como el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), con 101 mil 648 casos; o Banjército, con 4 mil 853 documentos sin transparentar.
En cambio, hay otras que reportan más archivos desclasificados como el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que ha revelado información de 3 mil 554 expedientes de los 5 mil 543 registrados; o el Instituto Politécnico Nacional que ha hecho públicos 5 mil 300 de un total de 8 mil 82.
De acuerdo con Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, parecería que la APF genera registros de archivos únicamente para reservar y no por considerarlos públicos.
“Parece ser que para reservar pues hay que registrarlos, o sea que la intención del registro es la reserva cuando en realidad también debería ser el registro oficial de archivos”, dijo en entrevista.
Explicó que con la nueva Ley General de Transparencia se buscó evitar esta sobrerreserva de la información a través de la figura de la prueba de daño.
“Cada vez que la autoridad quiera reservar la información, lo primero es demostrar que publicar esa información va a generar un problema de interés público mayor al beneficio que tendría”, manifestó.
Para Campos, la prueba de daño constituye un contrapeso para la reserva de la información, pues la autoridad debe demostrar, mediante mecanismos creados por los órganos garantes de la transparencia, por qué decide no entregar los datos que le solicitan los ciudadanos.
La Ley Federal de Transparencia, actualmente vigente, establece cinco causales de reserva como la seguridad nacional, afectaciones a las negociaciones o relaciones internacionales del Estado, la estabilidad económica del País, poner en riesgo la integridad de una persona o cuando se trate de investigaciones judiciales o fiscales que se encuentren en trámite.
“Clasificar la información como reservada ya sea por dolo o negligencia sin que se cumplan las características o las causales de reserva señaladas en la Ley general, también está sujeto a un régimen de sanción además de todas las responsabilidades que puedan erogar por el hecho de ser un servidor público que no está cumpliendo con su función”, externó Campos.
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