El pleno del Poder Legislativo facultó este miércoles en sesión ordinaria a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión Especial del caso Chimalapas, a realizar las acciones necesarias para reunirse a la brevedad con los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, a fin de encausar acciones contundentes en favor de la defensa del territorio oaxaqueño.
El acuerdo legislativo fue alcanzado luego de un intenso debate entre diputados de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN, PRD, PT y MC, quienes coincidieron en que hay un mal manejo de la controversia constitucional por parte de los abogados del Ejecutivo estatal, y se comprometieron a actuar eficientemente, en colaboración con los poderes del Estado, así como a dejar a un lado los discursos demagógicos y populistas.
La discusión y el análisis comenzó luego de haber dado entrada a la iniciativa con punto de acuerdo presentada por el coordinador de los diputados del PRI, Francisco García López, quien solicitó que el Congreso del Estado exhortara al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a su vez, instruyera a los secretarios de Gobernación y de la Reforma Agraria a dar seguimiento y garantizar la paz y tranquilidad en la zona de los Chimalapas.
El diputado García López afirmó que hubo falta de ética del ministro instructor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo, al rechazar la controversia constitucional presentada por los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Oaxaca ante la invasión del territorio y de la soberanía estatal.
En su oportunidad, desde la máxima tribuna del Estado, el diputado Elías Cortés López, también del PRI, recordó que durante la sesión de hace dos semanas él hizo del conocimiento de los diputados que la controversia constitucional presentada ante la SCJN por los poderes del Estado “estaba mal encaminada al estar equivocada la ruta jurídica”.
Insistió en que la controversia constitucional es errónea porque fue presentada ante una instancia inadecuada, como la SCJN, ya que debió ser interpuesta ante el Senado de la República al que le compete conocer y resolver el caso.
Cortés López indicó que su partido está en la mejor disposición de colaborar con la administración del gobernador Cué Monteagudo para encontrar una solución al respecto.
A su vez, el diputado Pavel López Gómez, del PT, propuso al pleno del Poder Legislativo hacer un extrañamiento para condenar públicamente la actuación de la SCJN.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Mendoza Reyes, dijo que si alguien ha estado al pendiente del conflicto que mantienen los municipios de Santa María y San Miguel Chimalapa contra la invasión del territorio oaxaqueño por parte de colonos chiapanecos, son los legisladores.
Desde el momento en que tuvimos conocimiento del conflicto en los Chimalapas inmediatamente integramos una Comisión especial conformada por diputados de todos los grupos parlamentarios, misma que desde su nombramiento ha dado seguimiento puntual al proceso seguido en la Suprema Corte de Justicia y las acciones emprendidas por los zoques, subrayó.
El también coordinador de la fracción parlamentaria del PAN reiteró que desde el Congreso del Estado se está actuando de manera responsable. Estamos haciendo lo que la ley nos mandata y yo les pido que antes de juzgar estemos dispuestos a colaborar, a jalar parejo en este tema, puntualizó.
En tanto, el diputado Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, del PAN, solicitó a sus homólogos que el Poder Legislativo redefiniera una ruta técnico-jurídica, de acuerdo con el Artículo 46 de la Constitución Política del Estado, para la solución del conflicto que lastima directamente a los paisanos zoques.
Dicho artículo señala que “las entidades federativas pueden arreglar entre sí por convenios amistosos sus respectivos límites, pero no se llevarán a efecto sus arreglos sin aprobación de la Cámara de Senadores; aparte del acuerdo, cualquiera de las partes podrá acudir ante la Cámara de Senadores, que actuará en términos del Artículo 76, fracción XI, de esa Constitución…”.
El legislador Martínez Ramírez agregó que el Artículo 46 apunta que la resolución en la materia será definitiva e inatacable y que la SCJN podrá conocer, a través de una controversia constitucional, la instancia de parte utilizada en los conflictos derivados de la ejecución del correspondiente decreto en la Cámara de Senadores.
Antes, la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del PRD, propuso en nombre de su fracción parlamentaria, la realización de una “jornada por la dignidad y la defensa de los Chimalapas” con cuatro acciones contundentes para la solución del conflicto que se vive en esa zona del territorio oaxaqueño.
Las acciones son: “hacer entrega de banderas nacionales y del escudo de Oaxaca para que se usen en todos los espacios de los Chimalapas; verificar que realmente se haya retirado la policía de Chiapas de la zona en conflicto, sin caer ni propiciar ningún acto de violencia; realización de obras y programas con un sentido de integración, y atender las necesidades de la población en materia de bienestar, salud y seguridad”.
Mientras tanto, el diputado Maximino Vargas Betanzos, del PRI, consideró que “urgen medidas contundentes y definitivas. Si hay necesidad, que se traslade la fuerza pública a la zona para hacer respetar la soberanía estatal”, dijo.
En su momento, el diputado Flavio Sosa Villavicencio, del PT, consideró el caso Chimalapas como “un tema de alta responsabilidad” para los tres poderes del Estado y de los indígenas zoques.
Afirmó que no hay un conflicto de límites, de acuerdo con lo que establece la Constitución Política del Estado de Oaxaca, sino una invasión impulsada por el Gobierno y los diputados de Chiapas.
Sosa Villavicencio llamó a sus compañeros legisladores a velar por el pueblo de los Chimalapas, además de hacer a un lado las banderas políticas y retomar las acciones tendientes a la solución del conflicto.
Luego, las diputadas Marlene Aldeco Reyes Retana, del PAN; Margarita García García, del MC; Aleida Tonelly Serrano Rosado, del PT, y el diputado Emmanuel Alejandro López Jarquín, del PRD, llamaron a sus homólogos a dejar los discursos y aterrizar ya soluciones reales que ayuden a solucionar la invasión del territorio oaxaqueño por parte del gobierno chiapaneco.
Además, los representantes populares solicitaron a los integrantes de la Junta de Coordinación Política contratar un despacho jurídico que ayude a los legisladores en sus análisis para encontrar la ruta jurídica y encausar correctamente la controversia constitucional en defensa de la soberanía estatal.
