Luego del cierre de calles y vialidades estratégicas ayer, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación forzó al gobierno de Gabino Cué a crear una mesa tripartita que iniciará con el proceso de desconocimiento jurídico de la sección 59, creada bajo la tutela de la profesora Elba Esther Gordillo.
El órgano colegiado, donde participarán representantes del gobierno estatal y del gremio, iniciará en el corto plazo con la regularización de los servicios educativos, que implicará la clausura definitiva de al menos 148 módulos educativos irregulares y la devolución a la sección 22 de 156 escuelas bajo control de la llamada ala sindical elbista.
Para la creación de la mesa, los mentores radicalizaron sus protestas callejeras al cerrar calles y ocho ejes viales estratégicos, lo que generó un gran caos vehicular.
El líder de la sección 22, Azael Santiago Chepi, aclaró que de esa manera inicia el proceso jurídico para desconocer a la sección 59, que se busca concluya en los tribunales y en las juntas laborales.
Santiago Chepi acusó que desde la cúpula nacional del SNTE y la Federación se orquestó, junto con el ex gobernador Ulises Ruiz, un proceso para dividir y “aniquilar” a su movimiento popular, que conllevó al allanamiento de espacios laborales, “que fueron violentados por maestros espurios y traidores”, y que a la postre conformaron un sindicato magisterial paralelo.
“El gobierno nos quitó y abrió escuelas ilegales y ahora el mismo gobierno tendrá que cerrar esos espacios irregulares y devolvernos los que nos pertenecen”.
La propuesta del Instituto Estatal de Educación Pública contempla una mesa de interlocución con padres de familia, para alcanzar acuerdos que permitan normalizar los servicios educativos.
Por un lado, permitiendo la validación de los escolares en aquellos sitios donde los módulos educativos no cumplan con la norma vigente, para que no pierdan el ciclo escolar.
Ayer de nueva cuenta tomaron oficinas estatales, municipales y federales además del bloqueo de comercios y sucursales bancarias.
La ocupación de la Ciudad Judicial y Administrativa dejó sin laborar a poco más de mil 500 burócratas y trabajadores de confianza, en tanto que la iniciativa privada reportó que al menos 100 empleados tuvieron que regresa a sus casas, tras los bloqueos a las principales plazas comerciales.
Milenio
