En el marco del Día Mundial del Agua, investigadores, ambientalistas y organizaciones sociales que integran la Contraloría Nacional Ciudadana Autónoma del Agua exigieron al Congreso de la Unión la aprobación urgente de una Ley General de Aguas que sustituya a la vigente Ley de Aguas Nacionales (LAN), promulgada en 1992.
De acuerdo con los Servicios para una Educación Alternativa A.C., esta demanda responde a una omisión legislativa que ya suma 13 años, desde que en la reforma constitucional de 2012 se estableció el mandato de crear una nueva ley que garantice el acceso equitativo y sustentable al agua.
Según señalaron los activistas, la actual legislación ha facilitado el sobre concesionamiento a intereses privados, pues entre 1992 y 2003, durante el auge del modelo neoliberal, el número de concesiones pasó de 2 mil 600 a más de 360 mil.
Óscar Arredondo, integrante de la Red Agua para Todos, advirtió que esta política ha derivado en la violación sistemática del derecho al agua de pueblos indígenas y comunidades rurales, en favor de empresas extractivas y de alto consumo. Asimismo, recalcó que la Suprema Corte de Justicia ha ordenado al Congreso legislar en esta materia, pero hasta ahora no se ha cumplido dicha sentencia.
La Contraloría también expuso la existencia de más de 7 mil concesiones irregulares, reveladas por Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Además, alertaron que los planes de restauración de cuerpos de agua, como el río Lerma-Santiago, se están enfocando en infraestructura de tratamiento sin abordar las causas de contaminación ni garantizar la participación de las comunidades en la regeneración de sus cuencas.
En Oaxaca, la crisis hídrica es alarmante: dos de cada tres personas no tienen condiciones adecuadas para acceder al agua potable, y el 91% desconfía de su calidad, según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2023). El suministro diario por persona se ha reducido drásticamente, pasando de 276 litros en 1996 a sólo 107 litros en 2021.
Organizaciones advirtieron que la ausencia de una normatividad moderna limita también la participación ciudadana en la gestión del agua, a pesar de que México ha firmado acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, el cual obliga al Estado a garantizar procesos transparentes e incluyentes en temas ambientales.
