Uno de los mayores crímenes de lesa humanidad contra las mujeres sigue siendo en los diversos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, la violencia sexual pasando por el acoso laboral y sexual, y las violaciones propiamente dichas.
En este sentido, un nuevo escándalo nacional está a punto de estallar en Oaxaca. Resulta que a la sempiterna corrupción en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), se suma la violencia sexual contra las mujeres.
A querer o no, el acoso laboral y sexual, y los “moches” en los programas salpica al nuevo delegado federal de Sagarpa en Oaxaca, el Doctor en Administración Pública, egresado de la Universidad Anáhuac, México Norte, Adolfo Toledo infanzón.
La denuncia hecha al titular de la SAGARPA, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, involucra en graves irregularidades al vocal contralor de PROAGRO Productivo, Joel López Vásquez, y al Jefe de Distrito de Riego 107, Efraín Rivas Mendoza.
Un caso concreto de violencia sexual contra las mujeres es el de Fructuoso Ricoy Ramos, quien cometió acoso contra una de las trabajadoras y pese a que fue denunciado con el Jefe de Distrito, Efraín Rivas, no procedió la denuncia, por el contrario, este último ejerció represalias contra la trabajadora.
La labor de denuncia de los movimientos feministas, así como el cabildeo desarrollado a nivel internacional, motivó la organización de las conferencias internacionales a nivel de la ONU, las cuales se inician desde 1975 en México.
Culminan en 1995 en Beijing, en cuya Plataforma de Acción se establece que “la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba su disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales (…)”.
Para ese momento, ya la Conferencia de Derechos Humanos de Viena de 1993 había señalado en su Declaración y Programa de Acción que los derechos humanos de la mujer y de la niña eran “parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales”.
Paralelamente, una serie de tratados y declaraciones internacionales fueron elaborándose. Entre ellas, debe destacarse la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979).
Ésta última establece las obligaciones de los Estados Parte, entre ellos México, de tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre, en particular en las esferas política, social, económica y cultural.
En el caso concreto de la violencia contra la mujer, la CEDAW omite referirse al tema de manera específica, lo cual fue corregido en 1992, cuando el Comité de este tratado elaboró la Recomendación General 197.
En dicho documento se sostuvo que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que le inhibe gravemente de la capacidad de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Asimismo, se definió la violencia basada en el sexo como aquella violencia dirigida contra la mujer por el hecho de ser mujer, o que la afecta en forma desproporcionada.
Adicionalmente, en 1993 se elabora la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (DEVM) de Naciones Unidas, la cual establece en su artículo 1 que por “violencia contra la mujer” se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
Igualmente, se establece que la violencia contra la mujer abarca la violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia y en la comunidad en general. El concepto también incluía la violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.
En el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en 1994, se elaboró la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Convención de Belem do Para, 1994) el cual definía la violencia contra la mujer como
“cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.
En el mismo sentido que la DEVM, este documento incluye la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia y la comunidad y aquella que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.
Comuneros y campesinos del Istmo de Tehuantepec hicieron llegar a este columnista denuncias de la corrupción que se vive en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), bajo la propia complacencia del Delegado en Oaxaca Adolfo Toledo Infanzón, quien desde que tomó posesión se ha hecho de la vista gorda y oídos sordos sobre lo que ocurre en la dependencia.
Gumersindo Ortiz González, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Jalapa del Marqués, presentó una denuncia ante el titular de la SAGARPA, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa en la que enumeró las irregularidades cometidas por parte del vocal contralor de PROAGRO Productivo, Joel López Vásquez, y del jefe de distrito de riego 107 Efraín Rivas Mendoza, quienes realizan cobros indebidos a modo de “moches” para otorgar apoyos y también realizar trámites en los programas.
Señala que les cobran 500 pesos por cada uno de los Proyectos Estratégicos de Seguridad Alimentaria (PESA) y en el CADER de Tapanatepec de mil a 3 mil pesos por cada proyecto a solicitar ante las autoridades de SAGARPA.
“Estamos inconformes con estos pagos irregulares, pues llegan y nos piden de 500 pesos por cada uno de los comuneros con la promesa de que nos darán los apoyos, pero muchas veces no salen y solo se quedan con nuestro dinero, también nos amenazan y nos dicen que si no pagamos no habrá apoyos y programas para nosotros, por eso denunciamos porque estamos hartos de esta corrupción que impera en las oficinas del distrito de riego de Sagarpa de Tehuantepec”, expuso.
Demanda que es urgente una auditoria para el programa PROAGRO productivo que son otorgados a través de la Agencia de Desarrollo Rural, toda vez que este año que es electoral, cobraron hasta 5 mil pesos para poder acceder a dicho programa y los comuneros que fallecieron les quitaron del programa y solo les dieron el 10 por ciento de lo que deberían cobrar.
El tema no termina ahí, pues también hay afectados por folios falsos, como lo denunciaron campesinos de San Miguel Chimalapa, dando a conocer que para ser acreedores a un folio de un programa del campo tuvieron que pagar 3 mil pesos por cada uno de los 20 integrantes.
María Miguel, una de las gestoras y campesinas denunció que hace 2 años Daniel Peña Cruz, supuesto gestor de proyectos productivos les pidió un pago por darles un folio y después de un año y medio descubrieron que era falso y que no existía ninguna documentación que acreditara dicho folio.
Denunciaron que Daniel Peña Cruz trabaja en complicidad con Efraín Rivas Mendoza, Jefe de Distrito de Riego 107 ubicado en la región del Istmo, debido a que sabía perfectamente que el folio lo habían obtenido y les dijo que era una persona confiable.
“Lo hacemos público porque ya fue mucho de que nos quiten dinero por darnos los apoyos, nosotros queremos hacer las cosas bien, por ejemplo, aquí dimos 3 mil pesos cada uno y no salió el proyecto, el folio era falso y el ingeniero Efraín Rivas lo sabía, es injusto”, dijo.
En el caso del señor Amado Toledo Ruiz en el mes de febrero, fue sorteado en el proyecto de un tractor de la marca “Massey Ferguson”, el cual para poder ser entregado le tuvo que pagar a Efraín Rivas la cantidad de 50 mil pesos.
Esta no es la única persona a quién le ha pedido dinero, pues se sabe que hay diversas quejas de beneficiarios a quienes se les ha exigido dinero en efectivo, si no les amenazan con que no podrán realizar ni un trámite, pues tiene que compartir con el delegado Adolfo Toledo Infanzón.
Inclusive, hay otros temas más delicados, pues existen denuncias de las trabajadoras de la Sagarpa del acoso laboral y sexual de que son objeto por parte del Jefe del Distrito, quien al no conseguir nada arremete con represalias contra ellas, con una actitud por demás prepotente, tomando actitudes que dañan la relación laboral, llegando inclusive a cambiarlas a zonas más alejadas.
Es el caso de Fructuoso Ricoy Ramos, quien incurrió en acoso contra una de las trabajadoras y pese a que fue denunciado con el Jefe de Distrito, Efraín Rivas, la denuncia no procedió, por el contrario, ejerció represalias contra la trabajadora, cuyo nombre nos reservamos para no victimizarla.
Demandan a Adolfo Toledo infanzón, delegado de la Sagarpa en Oaxaca, que tome cartas en el asunto, que investigue, que realice las auditorias pertinentes y demuestre que no está coludido, pues no se sabe dónde quedaron las 70 jaulas del Programa de El Campo en nuestras Manos que llegaron y no se entregaron, lo que prueba la corrupción existente, sin que las autoridades hagan algo para sancionarla y evitarla.
@efektoaguila
