Los Pactos de la Moncloa que se suscribieron como amarre final del modelo de transición de España del franquismo a la democracia no fueron políticos, sino que diseñaron un tránsito de la economía franquista cerrada al dinamismo capitalista europeo. El sentido de Estado de Adolfo Suárez entendió que las relaciones sociales y las relaciones políticas eran consecuencia de la estabilidad económica y de las relaciones de producción. Con esos Pactos, España dio el salto a la modernidad económica.
Lo que necesitan España y otros países que verán afectado su sistema productivo por el efecto del COVID-19 no es un pacto de rediseño del modelo de desarrollo, sino tan sólo políticas de corto plazo para impedir los tres jinetes del apocalipsis de los virus: la destrucción del sistema estatal de salud, la quiebra de empresas y el desempleo permanente.
En todo caso, lo que han requerido los modelos de desarrollo desde la crisis de financieras del 2009 ha sido una depuración para consolidar políticas de mayor crecimiento económico con más y mejores estrategias de distribución del ingreso. El impacto previsible de una caída del PIB de -8% –más o menos, de acuerdo con los deterioros que vienen todavía– requiere de reforzamientos productivos.
La propuesta del gobierno del presidente Sánchez de unos nuevos Pactos de la Moncloa no hacen sino enturbiar más el ambiente. Se necesitan, y rápido, acuerdos de asimilación del parón productivo, la protección de las cadenas productivas en las empresas pequeñas y medianas y sobre todo la protección del empleo para evitar el desempleo definitivo.
Pero llamar nuevos Pactos de la Moncloa a los acuerdos de defensa de la planta productiva y el empleo no deja de ser un despropósito demagógico que mancha la memoria del presidente Suárez como el arquitecto de la transición de España a la democracia y el desarrollo. Los verdaderos Pactos de la Moncloa fueron la refundación del modelo de desarrollo de España.
Los nuevos acuerdos contra la crisis productiva provocada por el coronavirus, si quiere dárseles un nombre, deberían ser los Acuerdos del Palacio de las Cortes porque implicarían negociaciones entre partidos representados en la Cámara legislativa. Se sacaría el tema del espacio presidencial que Sánchez parece obsesionado en potenciar y centralizar la acción pública.
De la existencia de los acuerdos en defensa de la producción dependerá el verdadero daño social de la pandemia. El parón productivo podría provocar quiebras en cadena y pérdida total y permanente de empleos. En México, por ejemplo, el gobierno federal decidió destinar los pocos fondos disponibles a subsidios a personas de la tercera edad, mujeres con restricciones laborales, niños y niñas y jóvenes sin empleo y mantener el financiamiento a los tres proyectos industriales del régimen –el tren maya, la refinería Dos Bocas y el nuevo aeropuerto en Santa Lucía–, dejando sin atención, amparo y protección a los más de 4 millones de micro, pequeños y medianos negocios que forman parte de la cadena industrial y el desempleo definitivo a millones de trabajadores.
Del apoyo a cadenas productivas dependerá el efecto económico de la pandemia. México ha tenido cuatro caídas del PIB: -4.3% en 1983 (crisis devaluatoria), -3.7% en 1986 (crisis devaluatoria), -6-3% en 1995 (crisis devaluatoria) y -5.3% en 2009 (crisis en los EE. UU.). El efecto de cada una fue sólo de un año porque la estrategia económica protegió el empleo y la planta productiva.
Hoy no existe ninguna estrategia de protección a empresas y empleo. Por eso en un mes de parón productivo han sido despedidos alrededor de un millón de trabajadores y han cerrado puertas más de 100 mil empresas. Se esperan más cierres y despidos en los próximos dos meses.
México tiene un problema adicional al de los despidos y cierres por el virus: su capacidad productiva dentro del Tratado con los EE. UU. y Canadá no ha beneficiado a la planta productiva: el porcentaje de componente nacional en los productos de exportación ha disminuido de 45% en el 2000 a 38% en 2018, lo que quiere decir que menos empresas mexicanas participan en las cadenas productivas, A nivel nacional, el PIB promedio anual en el periodo del Tratado 1994-2018 fue sólo de 2%, cuando en el ciclo populista 1934-1982 fue de 6%. Y en los años del gobierno de López Obrador el PIB promedio anual de 2019 y 2020 podría ser de -4% o menos.
Los acuerdos de defensa del sistema productivo y en el caso de México de rediseño del modelo de desarrollo son urgentes ahora en medio de la crisis, pero sin voluntad gubernamental. De mantenerse la tendencia productiva sin reformas, el PIB promedio anual del sexenio de López Obrador podría ser menor al 2% del ciclo anterior.
La defensa del sistema productivo es una necesidad económica, pero la demagogia de los gobernantes está distorsionando la salida de la crisis provocada por un virus a una crisis generada por la politiquería de los gobernantes.
