El 31 de julio de 2015 cinco personas fueron asesinadas en un departamento en la colonia Narvarte.
A tres años de cometerse el multihomicidio de la colonia Narvarte, familiares, amigos y abogados de las víctimas exigieron a las autoridades no permitir que el caso quede impune, al margen de una lista de irregularidades.
El 31 de julio de 2015 cinco personas fueron asesinadas en un departamento en la colonia Narvarte, sin que hasta el momento se haya establecido el móvil (las autoridades capitalinas afirmaron desde el principio que se trataba de un crimen vinculado a drogas).
Entre las víctimas están Alejandra, empleada doméstica del departamento; Yesenia y Mile, dos de sus habitantes, y Nadia y Rubén, la primera una activista y el segundo un fotoperiodista (ambos huyeron de Veracruz por recibir amenazas durante el gobierno de Javier Duarte).
A través de un artículo publicado en Animal Político, Gabriela Castillo, integrante del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, recordó que, a pesar de las recomendaciones hechas por organizaciones de derechos humanos, la Procuraduría de la CDMX no ha querido realizar las diligencias necesarias.
“Es indignante que los avances en el caso hasta el día de hoy, se lograran por el impulso de las propias víctimas y no por agentes del Estado. Es indignante que tengamos que esperar voluntad política de quienes están a cargo de la procuración de justicia”, declaró Castillo.
“Es verdad que la responsabilidad de investigar los asesinatos cae en autoridades ministeriales, pero la obligación política de revertir las violaciones, impedirlas y no revictimizar cae en la Jefatura de Gobierno, hoy saliente”.
Entre las irregularidades que denuncian está el hecho de que las autoridades no tomaron en cuenta la línea de investigación sobre el activismo de Nadia y la actividad periodística de Rubén, en un contexto adverso para la libertad de expresión “y la grave crisis de derechos humanos en Veracruz”.
“Durante todo este tiempo, es lo que no ha habido, justicia ni verdad. El caso Narvarte, muestra la negligencia y falta de debida diligencia en las investigaciones ministeriales, que son la antesala del acceso a tribunales y que tal como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, forman parte del acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva”, sostiene la abogada.
Fuente: radioformula.com
