Diana Méndez
A seis años de la masacre ocurrida en San Mateo del Mar, familiares de las víctimas y el Comité de Víctimas y Familiares Ikoots reiteraron su exigencia de justicia y denunciaron que el caso continúa marcado por la impunidad y la protección a quienes consideran responsables de los hechos.
A través de un pronunciamiento público, recordaron el asesinato de Okas Marissa Rangel Oviedo, ocurrido el 21 de junio de 2020, y señalaron que la masacre constituye un crimen atravesado por prácticas de discriminación, racismo y opresión contra la población indígena ikoots.
Los familiares acusaron que, a seis años de los hechos, persiste una red de complicidades políticas e institucionales que ha impedido el acceso a la justicia. Asimismo, denunciaron que estructuras de poder local han mantenido un clima de temor y sometimiento entre habitantes de San Mateo del Mar.
En el documento también cuestionaron la liberación de Camerino Dávalos, a quien identifican como uno de los principales responsables de la masacre. Indicaron que, tras haber sido detenido el 29 de diciembre de 2023, obtuvo su libertad por determinación judicial, situación que calificaron como un acto de impunidad.
Recordaron además que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2022 la Recomendación 54VG/2022 dirigida al Gobierno de Oaxaca, en la que documentó diversas irregularidades y omisiones de funcionarios públicos en la atención del caso.
De igual forma, señalaron que la denominada Comisión de Paz y Concordia ha contribuido a justificar los hechos y favorecer la falta de castigo para los responsables. También sostuvieron que corporaciones de seguridad presentes el día de la agresión, entre ellas la Guardia Nacional, Policía Vial, Policía Ministerial y Policía Estatal, habrían recibido órdenes para retirarse del lugar.
Bajo la consigna “En Oaxaca la justicia no existe” y “6 años sin justicia”, el Comité de Víctimas y Familiares Ikoots de la Masacre de San Mateo del Mar reiteró su llamado a las autoridades estatales y federales para garantizar verdad, justicia y reparación integral para las víctimas y sus familias, así como el esclarecimiento total de uno de los episodios más dolorosos registrados en la región del Istmo de Tehuantepec.
