* El doctor Vasconcelos Méndez no ignora que la fracción de Morena de los hermanos Flavio y Horacio Sosa Villavicencio va por su cabeza, utilizando a neo morenistas como Arturo Peimbert.
* A Arturo Peimbert Calvo pueden ponerlo quieto con una auditoría por el peculado y desvío de recursos que ha beneficiado a los dirigentes de organizaciones radicales como Comuna.
En política no hay casualidades ni azares del destino y sí causalidades, es decir, fenómenos causa-efecto. Tampoco hay casualidades en los diversos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipales.
Obligado es partir de esta premisa para concluir que el creciente incremento de la violencia política en las diversas regiones del Estado de Oaxaca, no es gratuito ni mucho menos fortuito.
Piensa mal y acertarás, es una sabia sentencia popular que permite cuestionar las aparentes coincidencias. La inseguridad y violencia común tiene en muchos casos ingredientes pasionales.
Salvo prueba en contrario, todo parece indica que éste sería el móvil del caso del empresario istmeño Óscar Cazorla. Claro que ello no implica dejar de agotar todas las líneas de investigación.
No hay que olvidar que el empresario victimado en su hogar, fue fundador del festival “Auténticas intrépidas buscadoras del peligro”, brazo político pionero del PRI-gobierno en la diversidad sexual.
Hasta donde hemos logrado establecer el móvil pasional y las venganzas personales por traiciones políticas y en turbios negocios, son el móvil de otros casos sonados que son materia de escándalo.
Tiene razón el Fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, al afirmar durante su comparecencia que no son los intereses políticos o las presiones mediáticas las que conducen sus trabajos en la institución.
Sin embargo, no tiene razón al no tomar el toro por los cuernos y salir al paso del linchamiento que es objeto por “grillas aldeanas” de diputados de Morena y de algunas intrigas palaciegas.
El doctor Vasconcelos Méndez no ignora que la fracción de Morena de los hermanos Flavio y Horacio Sosa Villavicencio va por su cabeza, utilizando a neo morenistas como Arturo Peimbert.
Asimismo, con el pretexto de enarbolar la justificada bandera de la violencia contra las mujeres y el feminicidio Yésica Sánchez Maya busca apoderarse de la Defensoría de los Derechos Humanos.
Ambos han trabajado de la mano a favor de los derechos humanos de los activistas y milicianos, públicos y clandestinos, del cártel de la Sección XXII de la CNTE y de otras organizaciones radicales.
Ambicionan lograr la destitución del Fiscal con el apoyo de Epigmenio Ibarra, brazo mediático de López Obrador, a quien Peimbert se acercó con su matrimonio con Ana Katiria Suárez Castro.
Sin embargo, a Arturo Peimbert Calvo pueden ponerlo quieto con una auditoría por el peculado y desvío de recursos que ha beneficiado a los dirigentes de organizaciones radicales como Comuna.
Yésica Sánchez Maya, supuesta defensora de derechos humanos, pretende imponerse como titular de la Defensoría desde el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca.
A pesar de la supuesta ruptura de Arturo de Jesús Peimbert Calvo con Gabino Cué, es interesante preguntar si el ex gobernador y, sobre todo, Jorge Castillo Díaz, le apoyan para tirar al Fiscal.
Bajo esta perspectiva, menester es preguntar, de quién es la mano negra que mueve la cuna de la violencia en Oaxaca. ¿A quién o a quiénes estorba (n) Alejandro Murat y Rubén Vasconcelos?
¿Quién o quiénes quieren la cabeza del Gobernador y del Fiscal del Estado? ¿Qué intereses oscuros han afectado y qué callos han pisado? ¿Por qué agravios les pasan las facturas a los dos?
¡Y que no nos salgan con la estupidez simplista de culpar al narcotráfico y al crimen organizado! Hasta ahora ha sido muy simple y sencillo echar mano cómodamente de este recurso mentiroso.
No se trata de exonerar de la pública y notoria, responsabilidad en la inseguridad y violencia al narcotráfico y al crimen organizado, pero no tanto en Oaxaca como ocurre en otros estados.
Si algo caracteriza a los capos de los diversos cárteles del narcotráfico y a los jefes de las bandas del crimen organizado en México, es ser más inteligentes y honorables que la mayoría de la gente.
A diferencia de los dirigentes de iglesias, gobiernos, partidos políticos y empresarios, los capos de los cárteles del narcotráfico y los jefes del crimen organizado, no “calientan” las plazas sin razón.
Según su “modus operandi”, estalla la violencia, cuando son o se sienten traicionados en los acuerdos a los que han llegado con las autoridades civiles y militares, políticos y empresarios.
La razón fundamental de fondo es que no son tan estúpidos para atentar contra su propio negocio ilícito, quieren y necesitan trabajar en paz. Saben mejor que nadie que en la guerra pierden todos.
Aun cuando sean cómplices de los gobernantes en turno en sus diversos órdenes de gobierno, la historia prueba que, finalmente, serán traicionados como ha ocurrido con los grandes capos.
Ahí están a la vista de todos los casos paradigmáticos de los “jefes de jefes” Miguel Ángel Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero y, sobre todo, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.
De nada sirvió que compraran a presidentes de la Republica, secretarios de la Defensa y Marina-Armada de México, a gobernadores, alcaldes, jefes policíacos federales, y pagaran campañas.
¿Por descarte de los probables autores intelectuales de la violencia política, no de la delincuencia común y sí de la de “cuello blanco”, de qué ex gobernadores o grupos políticos es la mano negra?
No es casual ni menos resurge por generación espontánea el repunte de la violencia política provocada por la agitación-subversión de los activistas y milicianos de la Sección XXII de la CNTE.
Según reportes de inteligencia, hay evidencia de sobra que detrás de las presiones y chantajes magisteriales de las marchas, plantones, bloqueo de calles, carreteras y casetas, hay mano negra.
A la industria del chantaje de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se suman las presiones y chantajes de diversas organizaciones sociales, políticas y sindicales del transporte.
Ahí están los hasta ayer 11 días de ilegal huelga por el STEUABJO, uno de los seis sindicatos, cuyos dirigentes y ex rectores históricamente han saqueado a la Universidad Autónoma Benito Juárez.
A diferencia de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la universidad pública oaxaqueña, la UABJO, demanda declarar inexistente la huelga de manera fundada y motivada legalmente.
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