En Sesión Ordinaria en el Congreso del Estado, el Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRD, Carol Antonio Altamirano, presentó un Punto de Acuerdo, que fue aprobado por unanimidad por el Pleno Legislativo, con la finalidad de permitir y facilitar la donación de terrenos a ferrocarrileros en el municipio de Matías Romero en la región del Istmo.
Al hacer uso de la tribuna, el legislador del Sol Azteca exhortó a Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y al Ayuntamiento del municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca; para que en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan los procedimientos jurídicos y administrativos, que permitan y faciliten la donación de 306,279.49 metros cuadrados, en donde actualmente están asentados 493 lotes urbanos, en favor de jubilados y pensionados ferrocarrileros, sucesores, beneficiarios y posesionarios en aptitud de adquirir la propiedad en Matías Romero.
Carol expresó que se debe donar a favor del municipio de Matías Romero el área de 146,294.42 metros cuadrados aproximadamente que ocupó el área de talleres y otros servicios ferroviarios para destinarse exclusivamente al beneficio social, prioritariamente en favor de la preservación del medio ambiente y equilibrio ecológico.
“Lo que proponemos tiene por objetivo reforzar lo acordado por el Legislativo Federal; cabe señalar que el 22 de agosto la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aprobó un exhorto en el mismo sentido dirigido a las mismas autoridades para que atiendan esta problemática”, dijo.
El líder parlamentario del Sol Azteca en el Congreso del Estado, subrayó que atender esta petición, es atender un reclamo de justicia social; “es un tema de justicia para los jubilados y pensionados que dieron su vida a los Ferrocarriles Nacionales y que hoy viven en condiciones precarias; es un tema de justicia para sus sucesores y posesionarios que viven en situación de pobreza y sin certeza jurídica”.
El legislador istmeño dijo que es deber de las autoridades gubernamentales, escuchar a los ciudadanos, comprender sus necesidades y facilitar el desarrollo de cada sector social. En este caso no debemos retardar más la atención debida, pues lo que está en juego es la seguridad jurídica de muchas familias de Matías Romero.
“Como legisladores, debemos atender la realidad social y el reclamo de la gente; es deber de las autoridades involucradas en los procesos que deriven en las donaciones, el no lesionar los derechos humanos de los pensionados y jubilados de la paraestatal en liquidación, sus beneficiarios y los posesionarios en general de esos bienes, así como el interés colectivo; destinando en este último caso, los bienes para el bienestar común de la población”, finalizó.
