Bajo la luz dorada que envuelve a Oaxaca cada tarde, el río Atoyac avanza como una cicatriz líquida. No refleja el cielo, lo arrastra. A su lado, el Salado acompaña en silencio ese recorrido donde el agua dejó de ser promesa para convertirse en evidencia. Durante décadas, ambos ríos cargaron con algo más que residuos: absorbieron la indiferencia, la omisión y una forma de abandono que se volvió paisaje.
Las orillas cambiaron de significado. Donde antes había encuentro, hoy hay distancia. Donde el agua convocaba, ahora advierte. Crecer junto al río implicó aprender a evitarlo, a rodearlo, a vivir con él como se vive con aquello que incomoda pero no se nombra.
La transformación fue lenta, casi imperceptible en su inicio. Como todas las crisis profundas, se instaló sin estridencia hasta volverse normal. El deterioro dejó de ser noticia y se convirtió en rutina.
Hasta que algo, finalmente, alteró el curso.
El 26 de marzo de 2017, en el Juzgado Primero de Distrito en Oaxaca, la jueza Elizabeth Franco dictó la sentencia del juicio de amparo indirecto 621/2016. En ese acto, lo que durante años había sido denuncia dispersa adquirió forma jurídica. El daño dejó de ser percepción y se convirtió en obligación.
La resolución no solo reconoció la gravedad de la contaminación del Atoyac y el Salado. Hizo algo más profundo: colocó en el centro a las comunidades y su derecho a un medio ambiente sano, obligando al Estado a responder frente a una crisis que había sido sistemáticamente postergada.
Detrás de esa sentencia hubo una historia que no se ve en los expedientes. Una historia que comienza lejos de los escritorios, en la textura misma del territorio. Desde ahí, el trabajo de Litigio Estratégico Indígena A.C., acompañado por Mariana Yáñez Unda y Carlos Morales Sánchez, logró tejer un puente entre la experiencia cotidiana del daño y el lenguaje del derecho.
No fue un proceso inmediato. Implicó escuchar, documentar, traducir. Convertir el olor del agua en evidencia. Transformar la enfermedad en argumento. Darle forma legal a lo que, durante años, había sido ignorado.
El litigio se volvió entonces un ejercicio de sensibilidad y precisión. Una manera de narrar el territorio en términos que el sistema judicial pudiera reconocer sin perder su raíz comunitaria.
La sentencia marcó un precedente porque nombró responsabilidades. Porque señaló omisiones. Porque evidenció que la contaminación no era un accidente, sino el resultado de una cadena de decisiones —y de ausencias— institucionales.
Nueve años después, ese momento sigue proyectando su eco.
Pero la justicia, en estos casos, no se agota en el acto de ser declarada. Se mide en lo que transforma.
Caminar hoy junto al Atoyac y el Salado es habitar esa tensión: la de una resolución que abrió una posibilidad y la de una realidad que aún resiste el cambio. El agua sigue cargando signos de deterioro. Los avances existen, pero no son uniformes. La restauración, prometida en el lenguaje jurídico, se despliega en el tiempo con una lentitud que contrasta con la urgencia del problema.
En esa distancia entre lo ordenado y lo vivido se juega el verdadero sentido de la sentencia.
Aun así, algo cambió de manera irreversible. El caso dejó de ser solo una denuncia local para convertirse en un referente de justicia ambiental en México. Una señal de que el derecho puede, cuando se ancla en el territorio, abrir rutas donde antes solo había resignación.
Para las comunidades, la sentencia no fue un cierre, sino el inicio de otro proceso: el de vigilar, exigir, sostener. El de no permitir que la resolución se archive en la memoria institucional sin tocar la realidad.
En ese trayecto, la experiencia impulsada por Litigio Estratégico Indígena A.C., junto con la participación de Yáñez Unda y Morales Sánchez, ha delineado una forma distinta de entender el litigio: no como un fin, sino como una herramienta viva, capaz de acompañar procesos sociales más amplios.
Nueve años después, el amparo indirecto 621/2016 sigue siendo una referencia obligada. No solo por lo que logró, sino por lo que aún está pendiente.
El desafío permanece: transformar la sentencia en agua limpia. Convertir la obligación en paisaje. Traducir el derecho en vida cotidiana.
Porque el Atoyac y el Salado siguen ahí, atravesando la ciudad, recordando —con cada tramo oscuro y cada reflejo perdido— que la justicia ambiental no se declara una vez y se olvida.
Se construye.
Y se sostiene, como el cauce de un río, en el tiempo.
Que vuelvan a ser ríos no es solo un anhelo: es la forma más concreta de la justicia, escrita en el agua que corre, en la vida que regresa y en la dignidad que, poco a poco, se abre paso entre la corriente.
