La Secretaría de Gobernación informó que existen 60 casinos o casas de juegos que operan sin permiso, y los cuales se encuentran amparados o en litigio.
También hizo un llamado enérgico a las autoridades de Nuevo León para que se investiguen y esclarezcan los hechos vinculados con los videos en los que aparece Manuel Jonás Larrazabal, hermano del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, recibiendo dinero en un casino.
En un comunicado, la dependencia reiteró a nombre del gobierno federal su compromiso con la aplicación rigurosa de la ley, en el ámbito de su competencia para regular los juegos y sorteos en la República mexicana.
En conferencia de prensa, el subsecretario de Gobierno de la Segob, Juan Marcos Gutiérrez, explicó que actualmente operan 561 establecimientos de juegos de azar, además de “miles” de sorteos que realizan diversas empresas; sin embargo, para la verificación de la licitud se cuenta con 44 inspectores que pertenecen a la Dirección de Juegos y Sorteos.
Sobre el caso del casino Royale, detalló que tardarán “unos días más” para tener una conclusión sobre la claridad de la relación entre el permisionario, que es la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, y quien operaba el lugar.
“Estamos todavía en el análisis, no es cosa diametral directa, es una relación compleja, que no sólo implica contratos, sino diversos trámites, el cotejar una serie de actos jurídicos y administrativos que todavía nos va a tomar unos días más tener una conclusión”.
Gutiérrez pidió no perder de vista que lo sucedido en el casino Royale fue un “acto criminal, al margen de la situación regulatoria que hemos demostrado como se está atendiendo, este acto está teniendo la atención de autoridades competentes con avance significativo”.
Asimismo, dijo que ese centro de apuestas no se encuentra registrado como permisionario ante la dependencia.
Gutiérrez dijo que a la secretaría le preocupa la actuación de un juez de Torreón que ha otorgado permisos a estas casas de juego, pues desde 1954 sólo se han autorizado 27.
El funcionario federal refirió que de estos permisos derivan 561 centros de apuesta, de los cuales 255 no pueden operar si no cuentan con las licencias en regla, mientras que los restantes 306 funcionan de manera regular.
En este contexto, desglosó que de 1953 a 1958 y de 1970 a 1976, se otorgó un permiso, respectivamente; este último derivó en 22 establecimientos, mientras que de 1976 a 1982 se autorizó un permiso lo que concluyó con la apertura de siete centros de apuesta.
Además, de 1988 a 1994 se expidieron 14 permisos, que derivaron en la apertura de 41 casas de apuesta; de 1994 a 2000 se avalaron dos permisos con 83 casinos; de 2000 a 2006 se emitieron siete permisos con 183 establecimientos y, de 2006 a 2012, un permiso que concluyó en la apertura de 35 centros de apuestas.
Respecto a si se indemnizará a las víctimas del casino, el subsecretario aclaró que los permisos que emite la Segob no regulan las relaciones ni las consecuencias entre particulares, sino entre el permisionario y la autoridad.
“Ello no implica que las personas que resultaron afectadas no puedan reclamar lo que consideren que es su derecho”, puntualizó.
Milenio