Este 17 de octubre se cumplieron 13 años de la declaratoria de las Naciones Unidas que estableció el día internacional para erradicar la pobreza, su objetivo es que ese día en particular los Estados se comprometan a presentar y promover, de acuerdo a su contexto, actividades concretas de erradicación de la pobreza y la indigencia, la resolución pondera además la participación y vinculación de la sociedad civil y de quienes padecen y enfrentan la pobreza en la construcción de alternativas y políticas públicas que permitan revertir este estatus y construir un futuro sostenible.
La trascendencia de esta resolución es enorme y positiva puesto que determina parámetros y directrices generales para articular estrategias que combatan el flagelo de la pobreza y la desigualdad. Lamentablemente en países en vías de desarrollo como el nuestro, el alineamiento de las estrategias antipobreza con esta resolución es prácticamente lejano o nulo, cumpliéndose solo en el discurso.
Por citar un ejemplo de ello me referiré a la precaria y simulada participación ciudadana en la formulación de acciones contra la pobreza, he ahí el Consejo Nacional de la Cruzada Nacional contra el Hambre, espacio consultivo, donde las opiniones y propuestas de la sociedad civil son limitadas y poco inciden, modifican o determinan la operación e instrumentación de las políticas del programa referido, puesto que la realidad dicta que desde organismos internacionales como el Banco Mundial, OCDE, FMI, se determinan los planes, acciones, recursos financieros, evaluación y seguimiento de resultados de este programa fallido.
Otro de los ejemplos del desalineamiento de la política social en México frente al plan global para erradicar la pobreza, es el que se refiere a la exclusión del actor fundamental que la padece y enfrenta, puesto que debiera ser utilizado su conocimiento, opiniones y experiencias en las estrategias a seguir para erradicarla.
Por el contrario, los espacios de carácter comunitario que debieran servir para este fin, se han convertido en instrumentos de carácter electoral, es el caso del programa PROSPERA, donde los comités de promoción comunitaria, lejos de intercambiar y transmitir experiencias exitosas de sus integrantes para revertir la pobreza, operan con lógica corporativa y fines políticos. La causa de ello es que la política social mexicana no está disociada de la política electoral y partidista y por ende no se pondera una solución efectiva para revertir la pobreza. Por el contrario, los 55 millones de pobres se vuelven rentables, se cosifican y visualizan como numeralia electoral, ejemplo de ello son las denuncias recientes a la extitular y el actual titular de la SEDESOL, Rosario Robles y Luis Miranda, sobre quienes pesan sendas denuncias públicas por uso de programas, padrones y recursos de esta Secretaria en beneficio de su partido político en procesos electorales.
Estas circunstancias y otras más han dado pie a que en México el número de pobres sea progresivo, por lo que podemos afirmar que el conjunto de acciones y políticas neoliberales para revertir la pobreza y desigualdad han fracasado. Ahí están los cúmulos de evaluaciones y diagnósticos, uno de ellos, el de la CEPAL refirió que la pobreza en México avanza en un promedio del 2% anual, a ese ritmo y siguiendo una absurda y fallida estrategia de combate, prácticamente el 70% de la población mexicana en el 2020 será pobre. Eso sí es un peligro para México.
Frente a este dramático panorama debemos construir en distintos ámbitos de responsabilidad propuestas de solución inmediatas, dentro de ellos el mejoramiento sustancial del salario mínimo, la reorientación de recursos de programas asistencialistas a proyectos de inversión productiva en el campo y zonas urbanas, una reforma fiscal donde paguen más quienes más tienen, taponear los caños de la corrupción donde miles de millones de pesos se fugan y diluyen, poner fin al uso clientelar y político de los programas sociales, inclusión productiva y laboral para jóvenes y mujeres entre otros. En el mediano plazo debemos abandonar el modelo neoliberal empobrecedor, Gobierno Federal y Congreso de la Unión deben convocar a una gran discusión nacional para generar un nuevo modelo económico y de crecimiento sostenido que permita revertir el grave deterioro económico nacional.
Habrá quien se oponga, pero nadie en su sano juicio puede defender el actual modelo y plantearlo como exitoso, tal vez lo harán algunos necios apátridas, quienes carecen del mínimo sentido de la realidad y poco compromiso y responsabilidad con los más pobres de México, porque no entienden o poco les importa que con el crecimiento desproporcionado de la pobreza y desigualdad se ponga en riesgo la estabilidad y gobernabilidad nacional.
¡No podemos esperar!, debemos exigir un viraje en los programas sociales y sobre todo en la estrategia económica, no hay más tiempo, es urgente cerrar las brechas de pobreza y desigualdad para construir caminos de prosperidad a todos los mexicanos.
