* Ruiz Ortiz sostiene que la oposición sí tiene posibilidades reales de disputar la mayoría legislativa a Morena en las elecciones concurrentes de 2027. Su apuesta descansa en la organización de la sociedad civil y la movilización de un enorme universo de ciudadanos que no votó en 2024.
* Cuando las instituciones fallan en garantizar seguridad, justicia, libertad de expresión y atención a víctimas, las denuncias por violaciones a derechos humanos adquieren inevitablemente una dimensión política, lo que forma opinión pública a través de los medios de comunicación.
Las elecciones no siempre se ganan donde hay más territorio, sino donde se concentra el mayor peso electoral. Esa es una de las lecciones que dejó la mesa de análisis de “Miércoles de México en Movimiento”, conducida por Gloria Estrada y Marco A. Velázquez, en la que participó el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz y este columnista, a invitación del activista social Agustín Guzmán.
El también coordinador de la asociación política nacional México Nuevo lanzó una afirmación que merece ser analizada más allá de la coyuntura: Oaxaca se gana electoralmente en 44 de sus 570 municipios, mientras que México se define en apenas 186 de los 2 mil 462 municipios del país.
No se trata únicamente de una operación aritmética. Es una lectura estratégica del comportamiento electoral mexicano. La competencia política dejó hace tiempo de depender de recorridos interminables por todo el territorio para concentrarse en aquellos municipios que reúnen la mayor densidad poblacional, los principales centros urbanos y los mayores padrones electorales.
Bajo esa lógica, Ruiz Ortiz sostiene que la oposición sí tiene posibilidades reales de disputar la mayoría legislativa a Morena en las elecciones concurrentes de 2027. Su apuesta descansa en dos variables: la organización de la sociedad civil y la movilización de un enorme universo de ciudadanos que decidió no votar en 2024.
La cifra es contundente. De acuerdo con su planteamiento, alrededor de 64 millones de mexicanos integran el segmento de ciudadanos que no acudió a las urnas en la elección presidencial pasada. Si una parte significativa de ese electorado cambiara su comportamiento, el mapa político nacional podría modificarse de manera importante.
Naturalmente, ese escenario pertenece al terreno de las hipótesis políticas. La abstención no constituye un bloque homogéneo ni puede asumirse que favorezca automáticamente a una fuerza determinada. Sin embargo, sí evidencia que existe un amplio espacio de competencia electoral para quienes logren construir una oferta política capaz de generar credibilidad.
La verdadera disputa de 2027 probablemente no será entre partidos, sino entre narrativas.
En una sociedad hiperconectada, la capacidad para influir en la conversación pública pesa tanto como la estructura territorial. La política dejó de decidirse exclusivamente en plazas públicas para trasladarse también a las pantallas de los teléfonos celulares.
Los medios de comunicación, particularmente los digitales, los portales informativos independientes y las redes sociales, se han convertido en actores con capacidad de fijar agenda, visibilizar problemas y moldear percepciones ciudadanas. Ya no son simples observadores del proceso democrático; participan activamente en la formación de la opinión pública.
Pero advertimos que existe un segundo factor cuya relevancia suele subestimarse: la defensa de los derechos humanos.
Cuando las instituciones fallan en garantizar seguridad, justicia, libertad de expresión o atención a las víctimas, las denuncias por violaciones a derechos humanos adquieren inevitablemente una dimensión política. No porque deban utilizarse con fines electorales, sino porque reflejan el desempeño del poder público y alimentan el juicio ciudadano sobre quienes gobiernan.
En una democracia, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos fundamentales son elementos que inciden en la confianza social y, por extensión, en las decisiones de voto que es ante todo emocional y hasta visceral.
De ahí que la combinación entre información independiente, participación ciudadana y exigencia de respeto a los derechos humanos pueda convertirse en un factor relevante para cualquier fuerza política que aspire a competir con posibilidades reales.
Oaxaca constituye un laboratorio particularmente interesante. Su compleja geografía política, su diversidad cultural y el peso específico de determinados municipios hacen que las estrategias electorales deban combinar organización territorial, liderazgo comunitario y comunicación eficaz.
Las elecciones de 2027 aún parecen lejanas, pero la disputa por la narrativa ya comenzó. Morena buscará conservar el respaldo que le permitió convertirse en la principal fuerza política del país. La oposición intentará reconstruirse apelando al voto inconforme y a los ciudadanos que optaron por la abstención.
La incógnita no es únicamente quién logrará convencer al mayor número de electores. La pregunta de fondo es quién será capaz de ofrecer un proyecto de país que despierte nuevamente el interés de millones de mexicanos que hoy observan la política con escepticismo.
Porque, al final, las elecciones no se deciden solamente en las urnas. Empiezan mucho antes: en la credibilidad de las instituciones, en la libertad de informar, en la defensa de los derechos humanos y en la capacidad de la ciudadanía para transformar el descontento en participación democrática.
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