A pesar de que ya en los pasillos legislativos se calienta el ambiente para perfilar una nueva reforma electoral, las votaciones estatales del 2015 y 2016 han demostrado que el problema no es de leyes o reglas sino de los comportamientos políticos de los partidos.
Y como para enredar más las cosas, el fondo de las crisis electorales tiene que ver con las prácticas políticas inventadas por el PRI desde 1929 y que han trasminado a la oposición porque en el PAN, el PRD y Morena los operadores electorales se graduaron en la escuela práctica… del PRI de donde salieron para irse a la oposición.
La gran reforma electoral fue la de 1992-1996: le otorgó la autonomía total al órgano electoral federal, el IFE, pasando de la Comisión Federal Electoral controlada por Gobernación al Instituto sin interferencia gubernamental. Lo malo de las reformas posteriores fue el criterio de desconfianza que llevó a construir una autoridad electoral marcada por la sobrerregulación de las elecciones.
Lo grave del asunto es que la sobrerregulación inclusive fue saltada por los partidos, candidatos y grupos de poder; de aplicarse la ley con sentido estricto, las doce elecciones de gobernador y muchas de alcaldías y diputados locales debieran anularse en su totalidad porque fueron procesos manipulados, sin certeza jurídica ni política y con resultados ilegítimos.
Lo que le hace falta al sistema político en su versión electoral es un programa de choque heterodoxo: reventar un proceso para obligar a la reconstrucción total de la estructura electoral; de no ser así, la reforma electoral que ya están preparando en algunos sectores legislativos será de nueva cuenta parchar lo parchado, resanar algunas cuarteaduras y una manita de gato. Eso sí, continúa adelante el despilfarro político del Instituto Nacional Electoral para gastar mil 100 millones de pesos en un nuevo edificio de oficinas electorales que ayudarían a aliviar la aglomeración burocrática pero no a resolver la crisis de organización de elecciones. El nuevo edificio se debe detener hasta reorganizar la estructura electoral porque su adelgazamiento necesario disminuiría el congestionamiento administrativo.
El sistema electoral necesita todo nuevo: salón, talladores, barajas, reglas y jugadores. Las guerras sucias, despilfarros abusivos, espionaje, penetración del crimen organizado hicieron trizas al Instituto Nacional Electoral, al tribunal y a la fiscalía de delitos electorales y exhibieron el nivel de incompetencia de sus funcionarios. La reforma político-electoral del 2014 fue aplastada por la realidad del fraude electoral y por la apuesta de todos los partidos –sobre todo el PRI que se juega el 2018– a la anulación en plazas perdidas.
Pero lo más importante que requiere la democracia electoral ahora en situación de muerte cerebral es una ciudadanía conciente y no una sociedad que cambia su voto por una despensa, que se enoja e inventa independientes salidos de los mismos partidos y juegos de poder y que legitima en cada elección el sistema político de representación de intereses.
El saldo electoral del 5 de junio es negativo. Y será peor para el 2018 si la reforma electoral se vuelve a hacer en función de acuerdos en las cúpulas del poder, sobre todo el PRI y el PAN, ahora con la complicidad de sobrevivencia del PRD. Y el INE con su presidente Lorenzo Córdova y sus consejeros tratando de prolongar sus contratos a pesar de su propia ineficiencia.
La conclusión es sencilla: con el actual sistema electoral el 2018 será un desastre político.
Política para dummies: La política es el arte de decir para no decir.
Sólo para sus ojos:
• La violencia política en Oaxaca y Veracruz cerró el tiempo electoral pero dejó fracturada a la sociedad. EL PRI estuvo detrás de la radicalización de la lucha política por la vía de la violencia. Ahí tiene Gobernación que hacer un trabajo de control político.
• Y otro tema latente: el crimen organizado sí se coló en las elecciones; ello quiere decir que bandas están operando en política y nadie parece querer hacer algo. Luego vienen las sorpresas como en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas.
• Y por las protestas judiciales, buena parte de las elecciones se resolverá en tribunales, una forma de comprobar que el sistema electoral no funciona.
• La otra mala noticia: seguirá el recorte de gasto público por caída en ingresos pero también por presiones inflacionarias sobre el tipo de cambio.
