La situación política de nuestro estado difiere mucho de lo sucedido en la rebelión magisterial del 2006 respecto a los conflictos de este 2014, aunque hay varios personajes que intentan generar similitudes entre ambos conflictos, porque de inicio en ese año cuando era gobernador Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, las protestas eran contra el poder estatal y derivado de desacuerdos netamente internos, de desencuentros entre el gabinete del gobierno del estado y el propio mandatario contra los maestros, a los cuales se sumaron después otros grupos políticos, pero todo en un ámbito del estado. Por el otro lado, en la época actual, la de Gabino Cué Monteagudo, la protesta de fachada es contra la Reforma Educativa federal, la de Enrique Peña Nieto; así, el gobierno estatal en su conjunto y el gobernador son aliados irrestrictos de los maestros, tolerantes a todos los desmanes, delitos y ataques que se les ocurra a la Sección 22, y ha preferido el mandatario no romper con el magisterio a costa de sacrificar a todos los demás sectores de la sociedad a la cual gobierna; ha dejado Gabino en la indefensión a comerciantes, empresarios, funcionarios de su propio equipo, ciudadanos en general con tal de no sancionar a los integrantes de la Sección 22 bajo el discurso permanente de no generar conflictos mayores, de la tolerancia como receta mágica con la cual se espera que los profesores terminen reflexionando por ellos mismos lo malo de su actuar y solos rectifiquen. El problema para todos los oaxaqueños que no somos integrantes de la Sección 22 es el daño a la productividad con los cierres de calles y carreteras, la falta de clases de niños y jóvenes, peor aún el tipo de enseñanza que han de llevar a las aulas luego de los tremendos destrozos físicos provocados en calles, edificios y comercios -¿cuál podrá ser la plática en un aula con niños de primaria y su maestro luego de haber saqueado una gasolinera, por ejemplo?-. En fin, sólo el gobernador sabe su juego con esa tolerancia infinita hacia el magisterio, pero eso deriva en la gran diferencia entre 2006 vs 2014, por lo tanto, muy difícilmente podría tomar la misma ruta el actual conflicto.
LA DOBLE CARA Y EL DOBLE DISCURSO
El doble discurso utilizado por dirigentes de la Sección 22, por funcionarios del gobierno estatal y por diputados locales respecto a la elaboración de la Reforma Educativa ha provocado una gran confusión entre la ciudadanía, porque ahora ya no se sabe dónde quedó la bolita. Me explico. Yo no logro comprender, por ejemplo, cuando declaran firmar un acuerdo político entre todas las partes locales involucradas en la adecuación de la Ley Estatal de Educación, pero luego el magisterio se lanza a la protesta en las calles con marchas y plantones ¿Pues no acababan de firmar todos un acuerdo tripartita para la elaboración de la iniciativa? Después se instaló una mesa redactora con la participación de los diputados –al menos eso dijeron- y realizaron 37 foros de consulta ciudadana –quién sabe dónde y con quienes-, pero a los pocos días, los diputados anunciaron la realización de siete foros más de consulta del mismo tema organizados por la Cámara de Diputados, reuniones impedidas finalmente por los maestros en protesta ¿Pues qué no estaban los diputados ya participando en los 37 foros anteriores? Y más aún, ¿bajo qué premisa los maestros le impiden a los legisladores realizar otros foros cuando los diputados son quienes terminarán votando la ley? La cosa se pone peor todavía cuando la Sección 22 acude a Palacio de Gobierno a entregar el supuesto documento emanado de la mesa redactora tripartita, insisto, conformada por el gobierno del estado, el sindicato y los diputados –ese mismo día bloquean diversos cruceros vehiculares en la ciudad y realizan una marcha- y el gobernador lleva el documento a revisión, pero además antes de enviarlo al Congreso del Estado le cambia 18 puntos -¿no venía ya de la mesa redactora conjunta?- y la manda a la Cámara de Diputado. El viernes por la tarde la asamblea de la Sección 22 acordó presentar este lunes a través de una comisión ciudadana el documento entregado al gobernador sin los 18 cambios realizados por el Ejecutivo. Un pequeño problema es que el sindicato no tiene facultades legales para entregar iniciativas en la Cámara de Diputados, pero claro, eso les vale queso a los maestros. Yo no se Usted, amigo lector, pero no entiendo un carajo. Evidentemente todos simulan, una cosa es el discurso y otra los hechos.
LA TOMA DE LAS GASOLINERAS, UN PUNTO DE QUIEBRE
El enorme riesgo a la seguridad pública provocado por los maestros al tomar las gasolineras el pasado viernes pudo no haber sido calculado y ser producto de un arranque no muy planeado, lo cual llena de un gran temor porque pudieron haber provocado un incendio y una explosión de alta magnitud con resultados que ni siquiera me atrevo a especular. Pero si el tema fue planeado y calculado, el asunto toma visos de atención inmediata por parte organismos de Seguridad Pública estatal y federal, porque las declaraciones del vocero de la Sección 22, Mohamed Otaqui Toledo, de sí respaldar la acción de los maestros de Valles Centrales a esta acción en las gasolineras, pero no descartar la posibilidad de personas infiltradas, debería llenar de gran preocupación a los encargados del gobierno en todos sus niveles, porque entonces ni los propios maestros conocen la dimensión del conflicto que se está generando. Algo es verdaderamente claro e innegable: La toma de las gasolineras es un punto de quiebre en el conflicto porque engloba delitos de diferente orden, entre ellos el robo a instalaciones concesionadas en materia federal, con persecución de oficio incluso por parte de la Procuraduría General de la República, pero sobre todo, porque se muestra que estos grupos pueden agredir a quien se les ocurra, en niveles decididos por ellos, y no van a pagar absolutamente ninguna consecuencia. Este hecho rompió por completo con la muy ligera línea de orden constitucional vivida en Oaxaca, y al parecer no tendrá castigo alguno, evadirán toda sanción. Peor aún, ha trascendido que los gasolineros aceptaron detener su paro de actividades a cambio del pago de una indemnización ¡por parte del gobierno estatal! Si esto es así, al final del camino la sociedad oaxaqueña estaría pagando los actos de vandalismo de la Sección 22, porque no creo que el gobernador vaya a pagar una indemnización de esa índole de su bolsillo. El otro acto de presión de este tipo es lo trascendido del secuestro de unidades de la empresa Automorsa para exigir el pago de indemnización de un accidente en el cual iban maestros, y en términos generales habría alcanzado los 750 mil pesos con un trámite normal, pero ante el secuestro de unidades y el destrozo de oficinas realizado por maestros a la empresa y a la aseguradora Qualitas, se acordó pagar 2 millones y medio de esa indemnización a los profesores ¿Qué sigue?
EL MIEDO Y LA OMISIÓN INSTITUCIONAL
La constante en todos los funcionarios y legisladores estatales, todos, es el miedo a la Sección 22 evidente en sus declaraciones, o mejor aún, en la falta de estas; se esconden ante los reporteros, bandean las respuestas e incluso hay algunos como la diputada local del PRI, maestra por cierto, María Luisa Matus Fuentes, quien se atrevió a declarar a los medios que ella no ve una presión por parte del magisterio oaxaqueño respecto a la Ley Estatal de Educación. No hay una postura conjunta entre los integrantes del gabinete de gobierno estatal; por ejemplo, ya van más de tres meses de no tener el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, IEEPO, un director y es la dependencia que debería ser interlocutora entre sindicato y gobierno. El propio ex director, Antonio Iturribarría Bolaños Cacho, declara invariablemente cuando lo abordan “calladito me veo más bonito”, como si su compromiso no hubiera sido público. Sencillamente nadie habla, pero lo peor, nadie opera. El gobernador está completamente solo enfrentando los embates de sus aliados del magisterio como la espada, y del gobierno federal como la pared. Me comentó hace un par de días un amigo asistente al gabinete de gobierno la falta total de una estrategia para enfrentar los conflictos, no hay una acción conjunta de los organismos de seguridad y procuración de justicia –algo evidente, por otra parte-, pero sobre todo, nadie puede asumir una responsabilidad porque el propio gobernador inhibe cualquier acción contra la Sección 22.
EL CALLEJÓN SIN SALIDA
A veces los medios de comunicación y los periodistas aprovechamos los eventos con cierto grado de impacto y los magnificamos para ser más sensacionalistas, para crear en nuestro público más atracción sobre hechos a lo mejor no tan severos. Esta columna trata por lo general de no caer en esta tendencia para intentar un equilibrio de análisis mucho más apegado a la realidad. Sin embargo, en esta ocasión sí parece haber verdaderas alarmas en el conflicto con el magisterio y el gobierno de Oaxaca, porque los hilos de control no los tiene Gabino Cué, sino la federación, pero el pago con conflictos sociales si revientan en nuestra entidad. Me explico. La nómina, el dinero en su conjunto de programas educativos, operado hasta este 2014 por el gobierno del estado, a partir del próximo año pasará por completo al dominio de la federación a través de la Secretaría de Educación Pública, por lo tanto, no hay manera de reclamarle los maestros nada a Gabino, pero sí le harán a su gobierno –y a nosotros los oaxaqueños- todo el numerito de protestas ante algo imposible de responderles. Nada se puede cambiar de la Reforma Educativa, aún cuando se aprobara una Ley Estatal contraria, pues esta sería fácilmente derogada por la federación mediante una controversia constitucional. Estamos, pues, llegando al callejón sin salida.
LO QUE VIENE
A corto plazo, se espera un endurecimiento de las posiciones dentro de la Sección 22 para lograr en primera instancia, la aprobación de una Ley Estatal de Educación que coloque a Oaxaca como una isla anticonstitucional en el país. En este tema hay dos escenarios: 1.- El Congreso estatal cede y les aprueba a los maestros sus caprichos legislativos y se contra pone a la Constitución Federal y al presidente de la República. Este hecho calmaría temporalmente al sindicato, pero se vendría una represión económica primero, y legal después por parte de la federación, lo cual a muy corto plazo volvería a generar el conflicto local con los maestros. 2.- El Congreso aprueba una Ley dentro del marco constitucional federal. Esto desbocará a los maestros con acciones muy violentas, con lo cual se requerirá la intervención de la federación para mantener la paz social. La gran incógnita es si esa intervención se haría dentro de un marco de apoyo al gobernador, o sería una oportunidad de golpearlo para la sucesión 2016. jaimelabc22@gmail.com
