Se inició la aplicación de la ley: Luis Octavio Murat

luis-octavio-muratUn maestro de Ciencia Política decía, y decía bien, que “Cuando la pistola del Estado se dispara ni Dios Padre la detiene”. El jueves 21 de octubre en Oaxaca, fueron detenidos cuatro líderes de la CNTE por las autoridades federales por estar acusados de haber cometido delitos que van desde el vandalismo contra las instalaciones de Pemex, robo de libros de texto gratuito y quemar material electoral de las pasadas elecciones del 7 de junio.

Ellos son: (1) Juan Carlos Orzco Matu, profesor de la escuela Siglo XXI de San Pedro Huamelula, Oaxaca y dirigente sectorial en Salina Cruz, su sueldo es de $6,318 pesos quincenales. Fue el responsable del motín y daño causado contra la Junta Distrital Electoral en Tehuantepec.

(2) Licenciado en educación primaria y con plaza de profesor en el municipio de San Jacinto Amillas; Othón Nazariega Segura es representante de la S. 22 de la CNTE del sector periferia de Oaxaca, su sueldo es de $10,810 pesos quincenales. Este profesor ha sido acusado por robo y asalto agravado en la toma de instalaciones del Tule, del robo de 10 mil libros de texto gratuito y daños materiales contra las instalaciones de la Octava región Militar en Oaxaca. También ha sido acusado por robo y ataque contra el equipo de información de Milenio Diario que cubría información en el aeropuerto de Oaxaca el cual también fue atacado y vandalizado por este delincuente.

(3) Otro licenciado en educación pública es Efraín Picaso Perez, representante del sector estatal de valles Centrales de la 22 de la CNTE en Oaxaca quien ha sido acusado por la PGR de haber participado en el robo de 10 mil libros del texto gratuito, en el boicot contra el proceso electoral de junio pasado quemando material y haber tomado las instalaciones del INE. Picaso, tiene asignado un sueldo de $25,290 pesos mensuales.

(4) El cuarto y último profesor de esta detención, porque hay que decirlo, sigue Michoacán donde se inicarán muy pronto las primeras aprehensiones en ese Estado, sin detener las de Oaxaca que están en marcha, desde luego, es Roberto Abel Jiménez García con plaza de profesor en la escuela secundaria Rafael Ramírez perteneciente al municipio de Animas Trujano, por lo que tiene asignado un sueldo de $13,640 pesos a la quincena. Este profesor ha sido acusado por delitos contra el fuero común al igual que sus cómplices arriba mencionados.

Los cuatro detenidos fueron recluidos en el penal de alta seguridad del altiplano para efectos de declaración y demás trámites legales. El ultimo “clavo del ataúd”, de este caso, lo puso el secretario general de gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, afirmando que el Estado no negociá la ley. Dijo que el gobierno de Oaxaca está abierto al dialogo siempre y cuando se desarrolle en forma abierta y no para torcer o negociar la ley.

Declaraciones hechas por el encargado de la política interna del Estado, las cuales coinciden con las declaradas por Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública, cuando afirmó que, por ningún motivo el estado mexicano retiraría la Reforma Educativa y advirtiendo que los que no la respetaran y cumplieran, se les aplicaría la ley, ni más ni menos.

Actuando juntos, los dos gobiernos han venido aplicando lo advertido y quienes tienen culpas empiezan a pagarlas por lo que los quejidos y lloriqueos están fuera de contexto al haber sido advertidos, con el suficiente tiempo de antelación, de lo que ocurriría en caso de no respetar la ley.

“La pistola del Estado se ha disparado y ahora ni Dios Padre la detiene”, tal y como aquel profesor de ciencia política advirtió en sus cátedras, allá en la Ciudad Universitaria, en 1968 cuando la pistola del estado se disparó contra millares de jóvenes estudiantes por el delito de disolución social.

En aquellos años, lo cometido por el gobierno del Presidente Gustavo Díaz Ordaz, fue una masacre contra la libertad de expresión; lo cometido por la CNTE ha sido un crimen contra millones de niños que les fue negada la educación al no haberles impartido clases, y una violación a los derechos humanos de los educandos para educarse, amén de los subsecuentes delitos contra la nación y particulares.

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