La pugna por el control económico y político del municipio de Santa Lucia del Camino, ha generado tal división, que ya se desbordó la violencia, sumiendo a esa demarcación en la inseguridad, la falta de servicios y una incertidumbre social, donde el gobierno estatal y menos el Congreso del Estado han querido intervenir para solucionar el conflicto.
Eran cerca de las 23:00 horas de este sábado, cuando las campanas de la iglesia empezaron a repicar, de inmediato vecinos empezaron a congregarse en la explanada del palacio municipal, ocupado por elementos de la policía municipal pero leales al síndico municipal, Omar Blas Pacheco, quien desconoció al edil Pedro Cabañas Santamaría, a pesar de ser del mismo partido.
El motivo, los uniformados durante el día sábado, acudieron a apoyar un domicilio en la segunda privada de Hidalgo, en la colonia 25 de enero, donde presuntamente sustrajeron varios objetos y enseres de los dueños, quienes al darse cuenta, acudieron al palacio para que los responsables fueran entregados y se hiciera justicia.
Al lugar arribó el propio edil, quien trató de retomar el control de su palacio municipal al mismo tiempo de recuperar patrullas y equipo en manos de la policía disidente leales a Blas Pacheco, de repente sin saber cómo se desencadenó un zafarrancho, donde piedra y otros objeto fueron arrojados, el saldo; 5 personas lesionadas entre ellas dos uniformados.
Fue tal el combate cuerpo a cuerpo, que elementos de la policía estatal tuvieron que intervenir para calmar los ánimos de ambos bandos, incluso varios elementos municipales fueron desarmados para evitar que las cosas subieran de tono, cerca de las 4 de la mañana la calma regresó a la explanada municipal, dejando las huellas del cruento combate.
La historia.
Cabañas Santamaría no tenía ni un mes de haber llegado a la presidencia municipal, cuando Adriana Cruz Carrera, Salvador García López, Félix Margarito Díaz Santiago, Luis Antonio Espinoza Osorio, Edgar Armando Ortiz Zárate, Margarito Valdés Parada, Juan Carlos Pastrana Rodríguez y Omar Eusebio Blas Pacheco, regidores de Seguridad Pública, Educación, Reglamentos y Gobernación, Salud, Hacienda, Limpia, Agencias y Colonias, y Síndico Procurador, respectivamente, lo desconocieron.
En su momento el síndico procurador Omar Eusebio Blas Pacheco, declaró que el edil se había negado a convocar a sesiones de cabildo para tomar acciones sociales, además de manejar, junto con su secretario particular Noe Jara, de manera discrecional los recursos municipales pero sobre todo los pagos de cantinas y bares de la zona.
De esa manera los 8 regidores se constituyeron como un órgano autónomo y empezaron a dar servicios desde sus propias regidurías, desde ese momento los recursos fueron suspendidos, y el presidente municipal dejó de asistir al palacio municipal y atender a pobladores desde varios domicilios particulares, siempre acompañado de sus incondicionales.
Por su parte en entrevista Pedro Cabañas Santamaría, señaló que los regidores mencionados trataron de aumentarse la dieta en un 200 por ciento, pero además exigían recursos adicionales por cerca de 80 mil pesos para gastos de representación y para poder realizar las actividades adherentes a su desempeño.
Incluso, en su momento en Adiario Radio, denunció al dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Amador Jara Cruz, de exigirle hasta un millón de pesos mensuales como “cuota”, por haber abanderado su candidatura y haber triunfado en las elecciones municipales a pesar que llegó por la denominada alianza “Unidos por la Paz y el Progreso”.
Reacción social.
Desde ese momento la población se dividió algunos apoyaron a los 8 regidores disidentes, otros al edil, sin embargo la gran mayoría solicitó al gobierno del estado su intervención debido a que fueron suspendidos los servicios básicos en colonias y agencias municipales.
Por otro lado el índice delictivo se incrementó en un 50 por ciento ya que hasta los mismos policías municipales tomaron partido, incluso el lunes 29 de agosto se suscitó un primer zafarrancho en los bajos del palacio municipal donde los uniformados disidentes tomaron el control del inmueble, hasta este sábado donde fue recuperado por el edil, Cabañas Santamaría.
Ambos grupos presentaron sus respectivas denuncias y solicitaron a los diputados del Congreso del Estado, desconocer por un lado a los 8 regidores disidentes, y por el otro al edil, sin embargo tras 9 meses, el dictamen se encuentra “congelado”, por los intereses políticos de ambos grupos.
Asimismo cuestionado sobre el conflicto, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Carol Antonio Altamirano, indicó que ante la polarización de ambos grupos, la solución más viable para la población del municipio era la desaparición de poderes y la creación de un Consejo Municipal imparcial, lo cual tampoco ha sucedido.
Sin que el Gobierno Estatal, el Congreso del Estado, hayan intervenido, Santa Lucia del Camino, se ha convertido en una tierra sin ley, la basura inunda sus calles, no hay obras ni servicios, nadie gobierna, ni sus policías y la delincuencia y los giros negros han impuesto sus condiciones, todo por el control político y económico de un municipio.
