Mañana, miles de catalanes independentistas saldrán a la calle a reclamar y a proclamar una soberanía que sienten que les viene de la historia.
Otros se quedarán en sus casas, estarán indiferentes o críticos a la manifestación.
Esa polarización que vive la sociedad catalana es un reflejo, o una consecuencia, de las relaciones políticas entre el Gobierno español y el de Cataluña.
Los segundos, encabezados por Artur Mas, de la centroderecha CDC, reivindican el derecho a consultar la voluntad del pueblo catalán para decidir si quiere ser, o no, un país independiente.
El Gobierno de Mariano Rajoy, del derechista Partido Popular, ha recurrido en los tribunales cada maniobra política para alcanzar ese objetivo.
Por eso, Mas y sus aliados de la izquierda catalana han planteado que las elecciones parlamentarias de Cataluña del 27 de septiembre serán, sin serlo legalmente, un plebiscito sobre la independencia.
Una aspiración que se ha visto aderezada por las trabas del Gobierno español a la enseñanza del catalán en las escuelas y el reclamo por las supuestas injusticias en cargas fiscales en relación a otras regiones del país.
El Gobierno central, apoyado en ciertos puntos por el Partido Socialista, argumenta que cualquier paso fuera de la Constitución española la violenta y por lo tanto se convierte en un acto ilegal.
De hecho, sin el consentimiento de los socialistas, han planteado una reforma al Tribunal Constitucional -que dirime asuntos relacionados con la Carta Magna- que, de ser aprobada, perseguirá a aquella autoridad que incumpla las observaciones u órdenes de ese órgano judicial.
En la arena del debate político, el ex Presidente socialista Felipe González publicó en el diario El País una carta dirigida a los catalanes donde les invitaba a no dejarse tentar por las propuestas secesionistas, con el argumento que le haría mucho mal a Cataluña y a España.
Acusó a Mas de utilizar con fines políticos la historia y de boicotear cualquier acuerdo con el Gobierno de Rajoy, y a éste, de cerrazón e inoperancia por no encontrar los mecanismos negociadores.
Lo cierto que la retórica de González no cayó bien, especialmente cuando hizo una referencia indirecta al movimiento independentista con el nacimiento del fascismo y del nazismo. Salió luego a aclarar que había sido mal interpretado.
Con estas coordenadas se llega a la jornada de mañana, “La Diada”, que conmemora como Día de Cataluña, el momento de la caída de Barcelona en manos borbónicas, después de un sitio de 14 meses, y la abolición de las instituciones catalanas.
Diversas representaciones del sector empresarial advirtieron ayer de riesgos para la economía española, debido a la implicación independentista en Cataluña.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas publicaron un comunicado en el que llaman a la convivencia dentro de un ordenamiento jurídico.
“Las consecuencias de una hipotética secesión de Cataluña del resto de España, de la Unión Europea y del euro serían muy graves para la economía, para las empresas y para el bienestar de los ciudadanos, tanto de Cataluña como del conjunto de España”, citaron.
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