Reforma educativa u obligación educativa: Isaac Leobardo Sánchez Juárez*

Después de un prolongado periodo de vacaciones he decidido regresar a escribir esta columna, especialmente cargado de energía y vigor para denunciar los fallos de nuestra economía y sociedad, esperando que la denuncia se convierta en acciones que ayuden a superarlos. El primer comentario del año lo dedicaré a la reforma educativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, esto porque estoy realmente preocupado por la forma en la que los profesores afiliados al Sindicato Nacional y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se han opuesto a lo que ya es ley. He recibido diversos comentarios de amigos y amigas que tienen a sus hijos estudiando en escuelas públicas en el sentido de que la reforma busca privatizar la educación, reducir el gasto en infraestructura, servicios y salarios, a lo que respondo con un tajante ¡no se dejen engañar!

Lo que se pretende es mejorar la calidad del sistema educativo básico y medio superior por la vía de la evaluación. La desinformación recibida proviene siempre de los profesores, quienes quizás tampoco saben en qué consiste la reforma o bien están tratando de sabotearla conociendo el impacto en sus actuales prácticas ajenas a la búsqueda de la calidad y la excelencia educativa.

Es  una tremenda mentira que las autoridades federales tienen la intención de privatizar la educación, no es que trabaje para ellos y esté defendiéndoles para después cobrar mi respectivo “chayote”, sino simplemente sustento esto en la lectura pormenorizada y detallada de la reforma aprobada. Lo que el jefe del ejecutivo federal intenta es legitimar su gobierno a través de una serie de acciones que tienen el claro respaldo de la mayoría de la sociedad. Recuerde que el actual presidente ganó la elección de forma cuestionada, lo mismo que su antecesor. Éste último decidió “combatir” al crimen organizado para ganar credibilidad, mientras que el primero ha decidido sustentarse en campañas publicitarias y la implementación de acciones que generan gran consenso, como la cruzada contra el hambre, la mejora del sistema policial, la austeridad salarial, el instituto nacional del emprendedor y por supuesto la reforma educativa.

Por cierto, lo que los cambios constitucionales en materia educativa (reforma) implican es cumplir con lo que desde hace mucho tiempo es una obligación de la actividad docente en el sistema básico, pero que con dificultad se cumple debido a la presencia de prácticas ajenas a la transparencia en la asignación de plazas, la promoción, el mantenimiento, la operación y el estímulo. Durante mucho tiempo, los profesores y administrativos del sistema público de educación básica han hecho del sector uno de los más corruptos. Han lastimado severamente las posibilidades de progreso del país. Por cierto vale señalar, que existen profesores que realmente cumplen con criterios de transparencia, eficiencia y calidad, pero son los menos, ya que tienen que luchar en contra de la mayoría y especialmente de sus abyectos líderes sindicales.

Antes de presentar de manera somera los cambios aprobados en la constitución, quiero aclarar que aunque estos son un hecho, sabemos que no necesariamente se traducirán en acciones concretas que respondan a los objetivos marcados. Todo lo que vemos puede ser parte de una campaña mediática manejada desde el centro del país (Los Pinos para ser exacto), que tenderá a diluirse con el paso del tiempo, dejando todo casi igual que en un principio. Puede formar parte de la eterna cultura de la simulación que caracteriza a nuestros gobiernos. Si lo anterior fuera falso, ¿entonces por qué no se implementaron estos cambios desde hace más de treinta años? ¿por qué se aprueban rápidamente ahora, cuando un buen número de mexicanos desconfía de sus autoridades?

En esencia los cambios a la constitución en materia educativa son positivos ya que se garantizan, al menos en el papel, que los profesores y el sistema estarán sometidos a una permanente evaluación y que de ella dependerá el destino de los recursos públicos –nadie nos asegura que esto vaya a respetarse, aunque al estar plasmado en la constitución, algo podemos hacer si no se lleva a cabo, denuncias como las que semanalmente presento en esta columna. Independientemente del origen de los cambios, los valoro en lo general como positivos y en la dirección correcta.

Aclarado lo anterior, le comento que las modificaciones realizadas fueron en los artículos tercero, fracciones III, VII y VIII, y setenta y tres, fracción XXV; además de adicionarse la fracción IX al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso del artículo tercero fracción III se establece que “el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan… serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley.” Como puede leer se establece algo que resulta lógico si lo que se busca es contar con los mejores elementos y no con aquellos cercanos a la cúpula sindical o que cumplen favores para los responsables del otorgamiento de plazas.

En el caso de la fracción VIII del artículo tercero entre lo más relevante se indica que “el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.” Con este cambio lo que se busca es que exista mayor transparencia en el manejo de los recursos que son destinados a la educación, dejando abierta la posibilidad de castigar el mal uso de los recursos, situación hasta ahora común.

La reforma más importante tiene que ver con la creación de la fracción IX del artículo tercero constitucional que implica la definición de funciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio –que ya existía desde 2002, pero que era dependiente de la SEP. En la ley se establece que cumplirá con tres funciones: 1) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema; 2) expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden; y 3) generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad. ¿Resulta esto algo indeseable para la sociedad? Me parece que evidentemente no lo es.

Finalmente, se modificó la fracción XXV del artículo 73, para incluir lo siguiente en relación a la educación y las facultades del Congreso: “…asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad…” En esencia los cambios buscan atacar una de las mayores debilidades del actual sistema, consistente en el olvido de la evaluación como mecanismo de eficiencia y equidad. Además, se garantiza la gratuidad y el mantenimiento de los planteles educativos por parte del Estado. La privatización o la conversión de las escuelas en centros de lucro nunca se mencionan, ni se mencionarán dado lo delicado de este tema para la población mexicana.

Los profesores sindicalizados, presionados o no, están tratando de desinformar una vez más a la población, particularmente a los padres, para que rechacen estos cambios, que significarían con el tiempo y una correcta aplicación, una mejora de los estándares educativos en el país. Ellos están cómodos con el sistema como está y lucharán por evitar que los cambios sean una realidad, las autoridades tendrán que ser duras y aplicar los preceptos constitucionales, la educación no puede ser rehén de los malos profesores, pero particularmente de sus corruptos líderes sindicales, los cuales desde hace mucho tiempo están asociados con las autoridades. Es tiempo de que ambos bandos dejen a un lado la simulación y finalmente se pongan a trabajar para hacer de la educación de los niños y las niñas de México una de las mejores del mundo. La sociedad civil organizada debe vigilar que los reglamentos se cumplan y para ello un gran aliado será el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

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* Profesor en economía de la UACJ, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

 

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