En un intento por recuperar la confianza de los inversores en su política económica de austeridad, el Gobierno de Dilma Rousseff anunció un recorte de gastos de unos 23 mil millones de dólares.
Es el más drástico plan de ahorro presupuestario realizado por los gobiernos izquierdistas del Partido de los Trabajadores (PT) desde que llegaron al poder en 2003 con Luiz Inácio Lula da Silva.
“Es un gran esfuerzo fiscal. Para que la economía se recupere, para que el crecimiento se recupere, es necesario hacer este esfuerzo de equilibrio fiscal. Sin estabilidad fiscal, sin control de la inflación, el crecimiento no se sustenta”, destacó el Ministro de Planificación, Nelson Barbosa.
Además, reconoció que el Gobierno prevé para este año una retracción de la actividad económica del 1.2 por ciento, superior al 0.9 por ciento que hasta ahora tenía pronosticado, y una presión inflacionaria del 8.26 por ciento, casi el doble de la meta oficial del 4.5 por ciento.
El objetivo del equipo liderado por el Ministro de Economía, Joaquim Levy, es tener este año un superávit fiscal del 1.2 por ciento del PIB, y pese al tamaño de la reducción presentada, muchos analistas creen que no se alcanzará esa finalidad.
De hecho, Levy apodado “manos de Tijera”- pretendía un congelamiento incluso mayor, pero la Presidenta se resistió tras sacar las cuentas. Levy no estuvo presente durante el anuncio de los recortes.
En los círculos financieros paulistas, Levy es la figura que más garantías da a los inversores de que los cambios en la nueva política macroeconómica de Rousseff se llevarán a cabo. Pero el Ministro enfrenta un fuerte rechazo de algunos sectores del PT y en los cinco meses que lleva en el cargo ya se ha desgastado mucho políticamente por tener que negociar él mismo en el Congreso los puntos del paquete de austeridad que propuso.
A parte de ciertos legisladores petistas, sus mayores obstáculos son los presidentes de las dos cámaras, miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), supuesto principal aliado del PT pero que se encuentra en una férrea lucha de poder con el Ejecutivo.
En el Congreso aún está retrasada la legislación que forma parte del programa de ajuste fiscal impulsado por Levy, que incluye medidas para aumentar la recaudación mediante alzas de impuestos y recortes a los beneficios laborales como pensiones y reducciones al seguro de desempleo. Es por ello que el equipo económico decidió avanzar con los recortes que no dependen del Legislativo.
En su presentación, el Ministro de Planificación explicó que el congelamiento de los recursos fue selectivo, no lineal, para garantizar las inversiones y la mayor parte de los planes sociales. Sin embargo, sí fueron afectados proyectos del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) y el plan de viviendas populares Minha Casa, Minha Vida, que sufrieron reducciones de 8 mil y 2 mil millones de dólares respectivamente.
“Todos los proyectos continuarán en ejecución, pero el ritmo de algunos de ellos será adecuado al nuevo límite financiero”, sostuvo Barbosa.
Muchas de las obras de infraestructura involucradas en el congelamiento, aclaró, como rutas, puertos y aeropuertos, serán ofrecidas en concesión al sector privado para evitar que se paralicen.
A nivel de ministerios, las carteras que mayores recortes tendrán serán Ciudades, Salud, Educación y Transportes; todas áreas en las que se espera la población sentirá el impacto más rápido.
“En el corto plazo, los resultados son negativos, pero necesarios”, reconoció el Ministro, aunque destacó que el ajuste fiscal es responsable desde el punto de vista financiero pero también social.
“Tenemos que consolidar el sistema de protección social y de transferencia de renta. Y avanzar en la inclusión social a través de la prestación de servicios públicos de calidad”, añadió.
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