La Estrategia Nacional de Inclusión, implementada por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto es elemental para transitar de una política social asistencialista a una política social integral y responsable, al fortalecerse las capacidades productivas de la población con mayores rezagos y carencias, reconoció la Diputada Mariana Benítez, tras la comparecencia de Luis Enrique Miranda Nava, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la República, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Fomento Cooperativo y Economía Social.
Como parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en su comparecencia Luis Enrique Miranda explicó que la Estrategia Nacional de Inclusión es la principal política pública para que los derechos sociales se ejerzan a cabalidad en todo el país, ante estas afirmaciones la oaxaqueña reconoció el desafío que se planteó desde el inicio de esta administración, al proponer una estrategia de esa magnitud y lograr hacer mucho con poco presupuesto.
Para dejar a un lado el asistencialismo, en el caso de PROSPERA se cuenta con un componente de vinculación, que promueve la inclusión social, productiva, laboral y financiera de las personas que forman parte del programa; facilitando su ingreso a programas de fomento productivo.
A través de este componente, el programa vincula a sus beneficiarios con instituciones públicas y privadas con el fin de que las familias puedan generar ingresos propios a partir de su producción y emprendimiento.
Respecto a la garantía de acceso a derechos fundamentales como la salud y la educación que la Estrategia ofrece, la legisladora afirmó “A los diputados del PRI nos parece un acierto, el que las familias de PROSPERA tengan ahora acceso a programas de certificación educativa en primaria y secundaria, y que se estén incorporando al Seguro Popular para ampliar las intervenciones de protección a la salud”.
Consciente de que hay retos por atender en materia de inclusión social, Mariana Benítez, ofreció como Diputada, contribuir desde el poder legislativo para trabajar en darle un mejor sentido a los programas sociales. Además valoró la creciente coordinación de la Secretaría, con autoridades estatales y municipales para llevar a cabo la Estrategia “Salir de la pobreza, al transitar del asistencialismo a una política social integral, es responsabilidad de los tres poderes del gobierno”, afirmó.
En relación a el destino y uso de los recursos públicos, la oaxaqueña resaltó “Lo que antes eran recursos que las autoridades locales manejaban con opacidad y a discreción, hoy se destinan, gracias a la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal que promovió la SEDESOL al inicio de esta administración, a introducir agua potable, electricidad y drenaje; a instalar estufas ecológicas; a mejorar los pisos, los techos y los muros de las viviendas de las familias en situación de pobreza y a equipar y rehabilitar escuelas.
Benítez Tiburcio, reconoció que cambiar la inercia asistencialista que durante décadas condujo la política social ha sido un proceso que ha requerido de la suma de esfuerzos institucionales, de la revisión exhaustiva de cada uno de los programas que ha permitido medir su efectividad, y sobre todo de un férreo compromiso con los derechos sociales de las y los mexicanos, por lo que alentó a Enrique Miranda a utilizar con rentabilidad social el presupuesto asignado a la dependencia a su cargo.
Por último, la legisladora oaxaqueña propuso crear un blindaje electoral honesto y efectivo, el cual -aseguró- será respaldado por el Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, reiteró su voluntad de abonar, trabajando con la SEDESOL para perfeccionar los instrumentos de política pública a fin de combatir el hambre, la pobreza y la desigualdad, que son los verdaderos enemigos de México.
