Las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados garantizaron una bolsa de al menos 10 mil millones de pesos para cubrir las gestiones de los propios legisladores en favor de sus municipios.
De acuerdo con diputados que participan en la discusión del Presupuesto de Egresos 2016, de esos recursos se asignaría a cada municipio un monto global, siempre y cuando sus proyectos cumplan con los requisitos que fija la Secretaría de Hacienda.
Los 10 mil millones de pesos representan 58.9 por ciento de los 16 mil 954.2 millones de pesos extra que los legisladores obtuvieron al ajustar la Ley de Ingresos y significarían un promedio de 20 millones de pesos por legislador.
El priista Jorge Estefan, secretario de la Comisión de Presupuesto, indicó anoche que hoy, al momento de analizar los anexos del dictamen, se podría hablar ya con certeza sobre el monto definitivo.
“Nosotros no vamos a abdicar de direccionar, llamo la palabra, direccionar recursos para nuestros distritos, pero no es lo mismo que asignar u otorgar contratos ni obras.
“Una bolsa que en absoluto sea mayor a la que ya existía, en ningún momento un incremento, pero sí que puedan hacer alguna gestión, pero es algo que aún no se ha determinado, mañana en la mañana estaremos en condiciones de poderles decir un poco más”, adelantó.
Rocío Nahle, coordinadora de Morena, se dijo inconforme de que se establezcan montos globales y no la etiquetación de recursos, pues consideró que ese nuevo esquema podría generar más corrupción.
“El Gobierno federal ha estado planteando esto, el PAN también ha estado haciendo propuestas, no han hablado de cuánto, de que se fije un techo presupuestal y que después se definan las reglas de operación.
“Se tienen que etiquetar las obras, para eso estamos en el Congreso, que se etiqueten las obras, porque si no, se les da un cheque en blanco a presidentes (municipales) y gobernadores, y si de por sí estamos con una corrupción y una opacidad increíble”, añadió.
El vicecoordinador del PAN, Federico Döring, reconoció que el tema está en la mesa y que el PAN plantea que no se etiqueten obras, sino se asignen montos y los gobiernos accedan a ellos con reglas claras.
“Cambiamos nuestra postura política, nosotros no vamos a hacer un ejercicio de etiquetado de proyectos, nosotros lo que queremos, y lo dice ayer el comunicado de nuestro grupo parlamentario, es que en todo caso se asigne el dinero directamente a los municipios y a los gobiernos estatales sin intermediación”, señaló.
En la Cámara de Diputados se negocian la creación del nuevo Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y las reglas de operación para evitar el cobro de moches por parte de los legisladores.
Ese nuevo fondo sustituirá los tres que se aprobaron en años anteriores y que fueron conocidos por el cobro de comisiones a los alcaldes como condición para etiquetar recursos.
Las bancadas negocian una regla específica para evitar los sobreprecios y con ello la “tajada” a los legisladores, con la precisión de que las obras deben tener el costo promedio por metro cuadrado e informar con precisión su ubicación.
También se propone la intervención de la Auditoría Superior de la Federación en 20 por ciento de los proyectos registrados ante Hacienda, para su fiscalización.
En el articulado del decreto del Presupuesto de Egresos 2016 se prevén las reglas del nuevo fondo -que surgirá del Ramo 23, Provisiones Sociales y Económicas-, las cuales son negociadas principalmente entre el PAN y Hacienda.
Los diputados aún no definen el monto de este nuevo fondo, ni si sumará el total de los tres fondos que fueron desaparecidos, que alcanzó casi 11 mil millones de pesos en 2015.
En el nuevo fondo se unifican obras de pavimentación de calles y avenidas, alumbrado, construcción o mantenimiento de espacios culturales, artísticos y deportivos, con el fin de mejorar la infraestructura urbana y social.
Además, se propone reunir en una sola bolsa los proyectos estatales y los municipales.
“Los proyectos a cargo de este fondo deberán sujetarse a los costos paramétricos e incorporar en el expediente técnico la ubicación geográfica diferenciada, de conformidad con las disposiciones que emita la Secretaría de Hacienda”, indica la propuesta, de la que REFORMA tiene copia, sobre la entrega de costos promedio y ubicación de las obras.
Incluso, se prevén responsabilidades para las autoridades locales en caso de que haya montos superiores no justificados en el gasto de las obras, con lo que se libera a los legisladores de responsabilidad en la participación de moches.
“Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal serán responsables ante los órganos fiscalizadores de justificar las variaciones que excedan de dichos costos, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir”, se precisa.
Sin embargo, ante el tiempo insuficiente para armar expedientes y etiquetar los recursos, además de los cientos de proyectos presentados en la Comisión de Presupuesto, se propone el registro de propuestas y la emisión de reglas hasta el siguiente año.
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