El diputado Francisco Martínez Neri, coordinador parlamentario del PRD en San Lázaro, urgió a los congresos locales a armonizar sus marcos jurídicos con la Ley General de Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), a fin de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de la infancia.
Señaló que el 37 por ciento de la población total del país son niñas, niños y adolescentes; es decir, en promedio 41.5 millones de mexicanos son menores de 18 años de edad; por lo que es fundamental la armonización.
El también integrante de la Comisión de Educación, dijo que es necesario asignar recursos públicos suficientes para la implementación del Sistema Nacional de Protección Integral y los Sistemas Locales y Municipales de Protección, así como la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, “ya que una mayor inversión asegurará la ampliación de oportunidades y desarrollo de las capacidades de los menores de edad, lo que contribuirá al desarrollo social, económico, político y cultural de México”, aseveró.
Martínez Neri recordó que Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en 2014, fue expedida entre otras cosas para castigar de forma más severa a quien encubra actos de pederastia; aumentar la edad legal para contraer matrimonio a 18 años; armonizar la ley con los distintos tratados internacionales en los que México está suscrito.
“En este ordenamiento se suscribe la creación del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que tiene como propósito que los menores acusados de algún delito tengan acceso a un proceso equilibrado, en el que se respeten sus derechos y en caso de resultar responsables puedan completar su sentencia en un ambiente que promueva su reintegración social y familiar”, destacó.
El líder del Sol Azteca en la Cámara de Diputados puntualizó que es impostergable instituir a nivel federal y local las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de realizar un efectivo resguardo de los derechos consagrados en la Constitución.
“Se requiere generar mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, para que las autoridades incorporen en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos públicos suficientes, que asegure a los infantes el goce pleno de sus derechos”.
Asimismo subrayó que se deben seguir las estrategias de armonización centradas en el tema educativo que recomendó la UNICEF, por ejemplo:
Incorporar los principios de la LGDNNA en el marco normativo enfocado a la educación, priorizando que el interés superior de la niñez prive en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, de manera particular en lo relativo a la disponibilidad presupuestal, a efecto de superar la lógica asistencialista que actualmente impera.
Transitar el esquema imperante de participación social en la educación, de un modelo consultivo a uno vinculante, en donde se priorice la opinión de niñas, niños y adolescentes y se fortalezca la participación activa de la sociedad civil en los procesos educativos.
En tal sentido, se identifica la necesidad de fortalecer las facultades y obligaciones que tienen las autoridades educativas en la Ley General de Educación, a efecto que las acciones afirmativas y los mecanismos mandatados no sean materia inocua de la LGDNNA, respetando en todo momento la facultad y atribuciones del Ejecutivo.
Finalmente, Martínez Neri comentó que es necesario incidir en que la Política Educativa no se programe en términos absolutos, sino que derive de un análisis diferenciado de la realidad nacional, a efecto de que la educación contribuya efectivamente a abatir el grado de rezago social.
