LXII legislatura, bases para modernizar a México: Martín Vásquez Villanueva

30-mvvNo es desmesurado afirmar que la LXII Legislatura, que concluyó el 30 de abril su sexto y último periodo ordinario de sesiones, ha sido una legislatura axial, pues ha creado una nueva arquitectura legal y constitucional para transformar y modernizar a México, en sinergia creativa con un gobierno del mismo talante, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto.

Falta por supuesto su implementación cabal, su aplicación plena en la complicada y dinámica realidad cultural y sociopolítica del país, en un entorno económico internacional azaroso, de extrema volatilidad, con un mercado energético a la baja, y con nuevos actores que reclaman su cuota de participación en los más exigentes nichos de las manufacturas y los servicios.

Pero las reformas están ahí, para un más flexible mercado laboral, acorde con los parámetros internacionales; reformas para una mayor competitividad de la planta productiva; reformas para mercados menos monopólicos y oligopólicos en sectores estratégicos como los energéticos y las telecomunicaciones; reformas para hacer más asequible el crédito a empresas y familias; reformas para elevar la calidad educativa, un proceso inconcluso pero en marcha; reformas para una justicia más efectiva y más expedita.

En materia política, se introdujeron o puntualizaron figuras emblemáticas de una genuina democracia liberal y moderna como las candidaturas independientes, la reelección de los legisladores, la nulidad de una elección en caso de financiamientos oscuros o excesivos, la armonización de los derechos consuetudinarios con los derechos humanos y las plena equidad de género, 50-50, en la postulación de candidatos a puestos de elección popular, propietarios y suplentes.

Es una legislatura que ha procesado más reformas, y de más relieve, que ninguna otra en la historia parlamentaria del país. En el último período ordinario de sesiones se aprobaron reformas transcendentales como un nuevo sistema de transparencia y rendición de cuentas para que cualquier entidad o persona que maneje recursos públicos, gobiernos de los tres órdenes de autoridad, partidos políticos, sindicatos o particulares puedan ser requeridos para que informen sobre el uso de esos recursos. Igualmente, y en el mismo sentido, aprobamos un sistema nacional anticorrupción, para que de manera sistemática se pueda auditar y fincar responsabilidad a cualquiera que no se conduzca conforme a los lineamientos legales.

En esta última semana, sesionando en pleno tres días y no dos por semana como había sido siempre, además de las reuniones de comisiones ordinarias y especiales de las que formamos parte, los diputados dimos prioridad a los temas de mayor consenso y sobre esa base definimos 18 reformas e iniciativas de ley.
De esta manera, reformamos la Constitución General de la República a fin de combatir la desaparición forzada de personas, la tortura y otras violaciones a los derechos humanos. A través de esta enmienda se establece que el Congreso de la Unión estará facultado para expedir leyes generales que definan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones relativas en las materias de desaparición forzada de personas, formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En el mismo tema de la justicia, los diputados aprobamos reformas el Código Penal Federal, la Ley General de Salud y la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, reformas con las cuales facultamos a los titulares del Ministerio Público federales y locales para ordenar a los concesionarios de telecomunicaciones, proporcionar la información relativa a la localización geográfica de los equipos de comunicación móvil para atender un riesgo inminente a la vida de una persona; así como también la información relativa a los datos del usuario registrado, al igual que aquella respecto a la línea y equipo de comunicación móvil; y suspender el servicio de telefonía para efectos de aseguramiento.

Estas reformas servirán también para proteger la economía familiar, pues se impondrán de cuatro a nueve años de prisión al que falsifique los certificados, sellos o documentos de inspección de pesas y medidas y al que falsifique los documentos, los emblemas o ambos que demuestren el cumplimiento de normas oficiales mexicanas o de cualquier otra especificación técnica que tenga por objeto determinar la calidad y seguridad de algún producto, bien o servicio.

En este mismo sentido aprobamos la Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada para garantizar el acceso, disfrute y ejercicio efectivo del derecho a la alimentación; en la nueva ley se establecen las competencias y mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, así como la concertación con los diversos sectores de la población.

Igualmente, reformamos la Ley General de Salud para determinar que los medicamentos homeopáticos únicamente podrán ser prescritos por médicos homeópatas, así como también que éstos sólo podrán expenderse en farmacias homeopáticas. Asimismo, para establecer que para la promoción de la Salud Mental, atención de las personas con trastornos mentales y de comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas promoverán programas de atención, que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos, con énfasis en las niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.

En defensa del derecho de los niños a los alimentos y a tener el reconocimiento de sus padres, con independencia del vínculo legal entre ellos, reformamos el Código Civil Federal para establecer que en caso de contradicción, en los supuestos del reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio, la paternidad y la maternidad pueden probarse por cualquiera de los medios ordinarios y en especial mediante la prueba pericial en materia genética. Si el presupuesto progenitor se negara a proporcionar la muestra necesaria, se presumirá, salvo prueba en contrario, que es el padre o la madre. Si existe carencia de recursos, el juez solicitará al área de servicios periciales que exima del pago atendiendo al interés superior del menor.

Las reformas a este Código establecen también que establecen que para contraer matrimonio los contratantes deberán ser mayores de edad, para evitar actos de coerción psicológica contra uno de los cónyuges.

También reformamos la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable para fomentar esta importante actividad productiva, incrementar los apoyos a los productores y facilitar la entrega de concesiones.

Igualmente, entre otras reformas adicionamos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para integrar a la SEDATU al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

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