La crisis chilena, el conflicto entre crecimiento e igualdad y sus efectos: *Francisco Ángel Maldonado Martínez

Las protestas de Chile tuvieron su mayor expresión el viernes pasado en una multitudinaria manifestación en la Plaza Italia de Santiago, que se extendió por calles y avenidas aledañas. ¿Qué estalló en Chile, uno de los países más estables y prósperos de América Latina? Sin duda no se trata de un solo factor explicativo, sino de una cadena de errores, que tienen su origen en el incremento del precio del boleto de metro en la capital del país sudamericano. Un aumento que se suma a una cadena de incrementos de precios en bienes básicos, y que plantean el problema de la precarización del salario y una mayor desigualdad en un país que es, de por sí, bastante desigual.

Y es que prosperidad económica e igualdad social no implican un nexo directo. No es que la primera conlleve a la segunda, como lo demuestra claramente el caso chileno. Se puede tener un crecimiento sostenido y esto puede conllevar mejoras en la calidad de vida de la gente, pero la desigualdad es un problema más complejo, que hace estragos en el largo plazo. El caso de Chile no se explica en relación directa con la crisis política boliviana (que anticipamos en este espacio la semana pasada), ni la ecuatoriana, ni la peruana. Hay que ver en cada uno de estos fenómenos de país una realidad política particular, si bien la región comparte desafíos en conjunto.

Este otoño de la indignación ciudadana sudamericana tiene en Chile un nuevo referente. Pero veamos algunos datos de este país que es sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL: Chile tiene un PIB per cápita de 25 mil dólares anuales, el más alto de Latinoamérica junto con Panamá. El índice de pobreza bajó desde el fin de la dictadura de Pinochet, de 40% en 1990, a 8.6% en 2017. En el mismo periodo, la pobreza extrema disminuyó del 20% al 2.8%. Como señala, Martín Hopenhayn se ha potenciado la expansión del consumo, del crédito y de años de escolaridad de nuevas generaciones. La expectativa de vida al nacer cruzó el umbral de los ochenta años, la más alta de la región y mayor a la de Estados Unidos.

¿Cómo es posible que con estos datos veamos un escenario de enfrentamiento entre Estado y sociedad de pronóstico reservado? En primer lugar, deberíamos anotar que la sociedad chilena se caracteriza por participar activamente en la política de su país. Es una sociedad comprometida con causas justas, y que, si bien se había mantenido en el canon que marcaban las instituciones públicas, proviene de una historia de lucha, que en la segunda mitad del siglo XX tuvo su mayor referente en el gobierno democrático de Salvador Allende, y que se ensombreció con la llegada de Augusto Pinochet al poder. Un dictador que asaltó el poder con la ayuda del gobierno de Estados Unidos de aquel momento, y que impuso un estado de terror, con los resultantes asesinatos y desapariciones forzadas de militantes de izquierda.

Esa tradición de lucha en contra del poder dictatorial permitió que Chile transitara a la democracia en los noventa de la mano del gobierno de Patricio Aylwin. A casi treinta años de distancia, en Chile se revivieron escenas propias de una dictadura. Ante las protestas por el aumento del metro que fueron impulsadas en su inicio por estudiantes de preparatoria de Santiago, se sumaron otros sectores que han visto deteriorado su ingreso por los altos costos de vida que se imponen en el que probablemente sea el más neoliberal de los países latinoamericanos. El gobierno de Sebastián Piñera decretó el viernes antepasado por la noche el estado de emergencia y cedió el control de Santiago a los militares, en un intento por controlar el caos en la capital. Con ello, se restringió la libertad de reunión y de movimiento; además el presidente designó un jefe de la Defensa Nacional del Ejército para que se hiciera cargo de la zona metropolitana que rodea a la ciudad. Sobraron y circulan en redes sociales los abusos policiales.

Ante la protesta, no necesariamente pacífica, sobrevino una represión que en el lapso de una semana tiene al gobierno de Sebastián Piñera sobre alfileres. Al momento de escribir este artículo el mandatario ya había pedido a su gabinete poner a disposición sus cargos frente a la crisis social a la que él mismo contribuyó cuando declaró: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”. Como señala el sociólogo Eugenio Tironi, se observan elementos similares a la protesta de los chalecos amarillos en Francia: ciudadanos de clase media golpeados por el costo de la vida y dificultades para llegar a fin de mes, que hacen transgredir masivamente la norma y logran colapsar el sistema policial y legal.

En una semana la sociedad chilena ha demostrado su descontento con sus autoridades y con el amasiato entre el poder público y el mercado. Está presente la consciencia de que detrás de esta relación no existe una asignación equitativa de recursos y que la “mano invisible” no es bondadosa con la mayoría de quienes aporta su trabajo sobre para mantener los privilegios de las élites. Chile es uno de los países con mayor concentración de la riqueza del mundo: el 1% más rico concentra el 26.5% de la riqueza, y el 10% más rico concentra el 66.5%, mientras que el 50% más pobre accede apenas al 2.1% de la riqueza del país. Hay una amplia clase media aspiracional que trabaja para subsistir mientras desea los bienes que los más ricos poseen.

Todo esto tiene al gobierno de Sebastián Piñera contra las cuerdas. Aun y cuando ha pedido perdón y ha propuesto un paquete de medidas emergentes para paliar la crisis, el estallido social se dirige a objetivos más amplios, entre los que ya se encuentran la exigencia de su renuncia y la convocatoria a un constituyente que redefina la relación entre el Estado, la sociedad y el mercado. En parte, podríamos decir que lo que observamos es la derrota del modelo neoliberal más acabado y sostenido de América Latina. Un modelo que convive con la democracia, y que comparte con ésta la mala evaluación de la mayoría de la sociedad. Según el reporte de la encuestadora Plaza Pública solo 29% de la ciudadanía chilena aprueba la gestión de Piñera luego de las protestas de los últimos días, y la tendencia va a la baja.

La principal lección de la mega manifestación del viernes pasado es que la dignidad de un pueblo siempre se sobrepone a las circunstancias del Estado y del mercado. Ni el uno ni el otro valen tanto como el bienestar de la gente. Como lo afirmó antes de morir asediado en el Palacio de la Moneda el gran Salvador Allende: “Se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre..”.   *Director General del ICAPET.

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La crisis chilena, el conflicto entre crecimiento e igualdad y sus efectos: *Francisco Ángel Maldonado Martínez – Libertad-Oaxaca