El coordinador de Comunicación Social del gobierno de Oaxaca, dio a conocer la existencia de una serie de órdenes de aprehensión contra funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz, por el desvío de poco más de 200 millones de pesos. El gobernador Gabino Cué reiteró que no está realizando una cacería de brujas.
Como resultado de una revisión en la Cuenta Pública de las anteriores administraciones, en Oaxaca se presentaron el día de ayer una serie de órdenes de aprehensión, por el desvío de poco más de 200 millones de pesos contra algunos ex funcionarios de la administración de Ulises Ruiz.
En “Fórmula de la Tarde” se informó que son cinco los servidores públicos a los que demandó Ernesto Reyes Martínez, coordinador de Comunicación Social de la administración del gobernador Gabino Cué, porque habrían utilizado presupuestos 819 por ciento más de lo autorizado por el Congreso del Estado.
Esta denuncia está sustentada en la auditoría que realizó la contralora Perla Marisela Fernández.
Entre los acusados figuran los nombres de Fernando González García, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas local; Raúl Gonzalo Castellanos Hernández, coordinador general de Comunicación Social; Soledad Juana Rojas, también coordinadora de Comunicación Social; Claudia Gabriela Ramírez Zamora, jefa del Departamento de Recursos Financieros; y Jorge Efrén Rojas Fernández, jefe de la Unidad Administrativa.
Por su parte el gobernador Gabino Cué, afirmó que él no está haciendo ninguna cacería de brujas, que serán las autoridades quienes determinen qué funcionarios hicieron un mal manejo de los recursos públicos, y en consecuencia actuar para ejercer la acción penal, en caso de ser necesario.
Cabe destacar que la auditora Lizbeth Caña Cadeza, una mujer muy cercana al ex gobernador Ulises Ruiz y ex procuradora estatal, presentó su renuncia como titular de la Auditoría Superior del Estado.
Estos casos continúan en proceso de revisión, por lo que se llevarán entre dos y tres meses para tener una valoración exacta, esto a decir de la auditora.
Se desconoce el motivo por el cual un encargado del área de Comunicación del gobierno oaxaqueño, acudió a presentar esta denuncia y no un funcionario de la Secretaría de Gobierno o del área judicial.
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