Los diputados federales de la 62 Legislatura, que cerró actividades en agosto pasado, agregaron al presupuesto de San Lázaro 500 millones de pesos para obras que no detallaron.
El dinero se integró al presupuesto anual de San Lázaro, mediante un acuerdo del Comité de Administración del 30 de marzo, sin que se definieran los proyectos que se llevarían a cabo con esos recursos.
El convenio autorizó que funcionarios de la Cámara de Diputados firmaran un trato de colaboración con la Secretaría de Hacienda para disponer de esos 500 millones, provenientes del Ramo 23, destinado a las Provisiones Salariales y Económicas del Gobierno federal.
El acuerdo fue signado por los ex diputados Willy Ochoa, del PRI y presidente en turno del Comité de Administración; el perredista Guillermo Sánchez; Enrique Aubry, del Partido Verde Ecologista de México; Juan Ignacio Samperio, de Movimiento Ciudadano, y Lucila Garfias, del Panal.
El 31 de marzo, un día después de aprobado el acuerdo del Comité de Administración, el entonces secretario de Servicios Administrativos y Financieros, Francisco de Jesús de Silva Ruiz, firmó el convenio con la Secretaría de Hacienda.
El documento fue signado por Alfonso Isaac Gamboa, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario.
Consultada sobre el tema, el área de Administración de San Lázaro reportó que al 31 de agosto se habían ejercido 250 millones en la compra de equipos de cómputo y licencias de software, así como en el mantenimiento de vehículos y maquinaria y en la impermeabilización de edificios y restauración de fachadas.
Sin embargo, en un anexo de la distribución de los 500 millones de pesos, se dispuso que 35.6 millones se etiquetaran para infraestructura, sin detallar las obras.
Otros 8.8 millones se registraron para el mantenimiento del recinto y 455.4 millones fueron destinados a la “rehabilitación de bienes muebles e inmuebles”.
La Cámara de Diputados ya tiene un antecedente sobre un desvío de recursos semejante.
Durante la revisión de la Cuenta Pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que se desviaron recursos del Ramo 23, que estaban destinados a obras, para gasto corriente.
De un monto de 500 millones de pesos, 193.9 millones -el 49.2 por ciento-, se erogaron en conceptos que no se relacionaron con la conservación y equipamiento del recinto legislativo, y se amplió el gasto corriente de la Cámara de Diputados, reportó la ASF sobre las irregularidades del gasto.
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